Ofreció a una pareja pisos a bajo precio embargados en Mallorca y fingió la devolución del dinero «para ganar tiempo»

La Fiscalía solicita 3 años de prisión y la acusación particular eleva su petición a 5 años, porque entiende que el delito —una estafa— fue continuado. El encausado es un autónomo que se dedicaba a la compraventa de vehículos en el polígono de San Cibrao das Viñas, dio el salto al ámbito inmobiliario atraído por un mayor margen de beneficio y está acusado de estafar presuntamente a un matrimonio de Mallorca, al que ofreció la adquisición de pisos embargados a precios ventajosos en Palma. Recibió de la pareja 100.000 euros en varias transferencias, entre 2022 y 2023. Ni devolvió el dinero ni tampoco les consiguió los bienes prometidos: varios inmuebles y también vehículos. La pareja confió porque, tras hacer algunas comprobaciones, se fiaron del perfil empresarial que tenía el acusado.

Con la promesa de conseguir en la subasta un inmueble en el paseo marítimo de la capital balear, cobró 20.000 euros y les dijo que el precio de salida estaría en 50.000. En tres meses tendrían la vivienda, afirman los denunciantes. Les envió fotos del interior y el nombre de la calle, pero no el número. Al cabo de diez días, les habló de otra segunda vivienda con un primer pago de 10.000 euros. Les propuso más oportunidades que fueron elevando el importe entregado.

La primera operación entre las partes se produjo en la primavera de 2022, para la adquisición de dos furgonetas por 9.000 euros. El tiempo pasaba. «Siempre hemos tenido cierto grado de sospecha, pero nos daba disculpas y admitimos que en las operaciones puede haber cierto retraso», dijo en el juicio el hombre de la pareja afectada. Transcurrió más plazo y el encausado no entregaba los automóviles. «Después de mucho pelear», accedió a devolverles el dinero, cinco meses después. Las acusaciones creen que así se ganó la confianza de las víctimas, a las que, dos meses después, les comentó de nuevo la opción de los vehículos, así como una nueva vía: los pisos. Incluso llegó a ofrecerles «desde Ferraris a embarcaciones de gran eslora», dice el perjudicado. Eso a la pareja no le interesaba.

El fiscal solicita una condena de 3 años de cárcel: «Se quedó con 100.000 euros que no le correspondían. Habría que hacer un acto de fe para creer su historia. Todo fue una mentira para mantenerlos en el error y que le siguieran enviando dinero»

Además de la pena de prisión, la Fiscalía y la acusación particular solicitan una indemnización de 100.000 euros, así como una multa. El ministerio público pide una sanción de 2.400 euros y la acusación particular, de 6.000 euros.

En su interrogatorio, el encausado, A., reconoció al fiscal que una transferencia de 92.000 euros en octubre de 2023, cuyo extracto envió a la pareja como justificante de la supuesta devolución del dinero, no se materializó. Esa operación bancaria «no se llega a hacer», admitió el acusado. Después hubo 32 notificaciones de SMS que informaban de supuestos envíos bancarios de 1.000 euros, pero tampoco eran reales.

El acusado trataba de «ganar tiempo para poder conseguir el dinero y salir de la situación en la que me había metido», dijo en su defensa. Su alegato es que él mismo había sido víctima de un engaño. Primero, cometido supuestamente por un socio en el negocio de los vehículos al que acusó en el juicio de quedarse con dinero. Después, cuando ya operaba como intermediario en la compra de pisos, A. asegura que remitió a otros transferido por los perjudicados, pero los destinatarios «me empezaron a dar largas. Cuando me di cuenta de que me estaban haciendo la cama estaba metido hasta el cuello», declaró.

«Sabía que si contaba la verdad no me iban a entender»

No denunció esos hechos, ni aportó pruebas documentales ni testificales en el juicio que respalden esa versión. Las acusaciones le preguntaron por qué, si lo que dice es cierto, no indicó a los perjudicados qué le pasaba y que no podía devolver el dinero adelantado por ellos, con los que mantenía una relación fluida, con mensajes y llamadas a diario, hasta el punto de que si la mujer no respondía, llamaba al marido, dicen los afectados. «Sabía que si contaba la verdad no me iban a entender», dijo en su interrogatorio. El matrimonio atribuye la cantidad de llamadas y mensajes diarios a «darnos largas o a contarnos una milonga. Quería tenernos enganchados».

«Fui al banco y me dijeron: ‘Te están tomando el pelo’»

La pareja añade que «bajamos la presión» cuando el acusado relató problemas familiares por una enfermedad de la hija. Tras meses sin avances, y tras explorar la vía del «diálogo y la negociación», el matrimonio denunció el fraude sufrido, evidente tras la ficticia devolución de 92.000 euros. «Fui al banco y me dijeron: ‘Te están tomando el pelo’», expresó la mujer en el juicio. «Ahí supe que todo era mentira», añadió ella.

«Se quedó con 100.000 euros que no le correspondían. Habría que hacer un acto de fe para creer su historia. Todo fue una mentira para mantenerlos en el error y que le siguieran enviando dinero», expresó el fiscal en su informe final.

Una «tela de araña»

La acusación particular cree que el encausado tendió «una tela de araña de familiaridad, confianza y amistad» con los perjudicados, con los que forjó una «extraordinaria relación» que deparó año y medio de mensajes de WhatsApp. «Generó confianza» en las víctimas tras dar «visos de realidad» a la promesa de los pisos.

La pareja tiene estudios, experiencia en adquisiciones inmobiliarias y en sectores como la hostelería. Las acusaciones dicen que fueron diligentes y prudentes, comprobando en un primer momento que la empresa de compraventa de vehículos del acusado estaba registrada, y asesorándose después con expertos por si existía la posibilidad de acceder a viviendas con embargos a precios ventajosos en subastas. «Me sorprendió, pero nos asesoramos con un abogado y un asesor fiscal, y nos indicaron que era posible», dijo el perjudicado.

La defensa considera que este proceso judicial es un «ensañamiento» contra el acusado por la «frustrada inversión» que emprendió el matrimonio, a los que responsabiliza de falta de la «diligencia debida» pese a conocer el ámbito inmobiliario de Mallorca, «su zona» y contar con experiencia en distintos sectores. El abogado del sospechoso niega que hubiera engaño y apunta al ánimo de lucro que quería la pareja. Las inversiones tienen riesgo, añade.

El letrado aportó en el juicio un justificante de un ingreso de 1.000 euros con el concepto «devolución semanal», un acto que acreditaría, según la defensa, la voluntad de reintegrar el dinero. A la acusación particular no le constaba aún que el pago fuese efectivo y el fiscal duda, dados los precedentes en el caso. Cree que es un intento de buscar una atenuante a última hora.

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