El jaqueo a la Diputación de Ourense que desvió un millón de euros acerca a juicio al único imputado

Cinco años y medio después del jaqueo a la Diputación de Ourense que consiguió desviar un millón de euros de ayudas públicas, el magistrado instructor da por cerrada la investigación y ha dictado un auto en el que reúne los indicios que atribuye al único imputado por jaquear presuntamente la cuenta de la administración provincial. Se trata de J. L. C. B., que era el representante en Europa de un fondo de inversiones cuando fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria por su presunta implicación en los hechos.

Tras una instrucción que ha requerido tiempo por la necesidad de reunir informes periciales complejos, el titular de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ordena la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado —la fase inmediatamente anterior al juicio—, y atribuye al único investigado indicios de un presunto delito de estafa en concurso con un delito de blanqueo de capitales y un delito de daños. El magistrado da traslado a la Fiscalía y a la Diputación, que también está personada, para que formulen sus escritos de conclusiones provisionales, para que pidan la apertura de juicio o el archivo, o la práctica de alguna diligencia complementaria que las partes vean imprescindibles. 

No obstante, el juez entiende que «se han practicado todas las diligencias necesarias para poder determinar cómo han ocurrido los hechos» presuntamente cometidos por el investigado, al que atribuye un total de siete indicios.

30.000 euros a Estonia

El sospechoso era el administrador único de la sociedad titular de la cuenta a la que se hicieron las dos transferencias investigadas, emitidas de forma fraudulenta sin conocimiento de la Diputación de Ourense, por respectivos importes de 89.999 y 80.000 euros. Solo se ha podido recuperar una parte.

Después de su detención se comprobó que J. L. tenía en su poder un extracto bancario con varios movimientos bancarios, entre el 4 y 7 de noviembre de 2019, entre los que constaban las dos transferencias fraudulentas de casi 170.000 euros. Conservaba el resguardo de una transferencia de 30.000 euros efectuada por su sociedad a una cuenta de Estonia, el 5 de noviembre de 2019.

Un envío de 56.000 euros, frenado

La investigación recabó documentación bancaria y pruebas periciales, así como diferentes informes elaborados por la Policía.

La base indiciaria contra el sospechoso se completa con un hecho más: presuntamente, el 7 de octubre de 2019 se personó en una sucursal bancaria de Las Palmas para solicitar un reintegro desde la cuenta de su sociedad. En primer lugar, retiró 400 euros en efectivo, por ventanilla. Después solicitó un envío de 56.000 euros a otra cuenta, que se realizó con normalidad. En la oficina recibieron un aviso de los servicios centrales del banco que comunicaba que la operación había sido retrocedida, porque estaba en marcha una investigación.

La mañana siguiente, el imputado fue al banco y preguntó por el motivo del bloqueo de su cuenta y por el retroceso de la transferencia de 56.000 euros. Se fue de la oficina tras asegurar que no podía acceder a la banca electrónica con las claves, añade el juez en el auto.

El jaqueo a la Diputación tuvo un primer episodio el 26 de septiembre de 2019, cuando se realizó una transferencia no autorizada por una cuantía de 840.351,78 euros. Esta suma pudo ser recuperada íntegramente.

El 30 de octubre de ese año, desde uno de los ordenadores del departamento de Tesorería de la admistración provincial se tramitó un documento de pago para autorizar cinco transferencias a varias entidades de la provincia. El día siguiente se generó un documento de pago, para su entrega física en el banco, mediante un dispositivo de memoria pendrive. El pago se tramitó con aparente normalidad, pero el fraude ya estaba cometido. Una de las entidades beneficiarias de la ayuda de la Diputación, la Asociación de la Patata de A Limia, contactó con la interventora de la administración provincial para avisar de que no había recibido el dinero esperado.

La institución descubrió que la transferencia, la que tenía una cifra de 89.999,80 euros, fue emitida el 25 de septiembre a la cuenta de la sociedad del imputado, en lugar de a la asociación de Xinzo.

La receptora del dinero fue una empresa con sede en Las Palmas y cuyo administrador único era el imputado. Con esa mercantil, «la Diputación de Ourense no tiene ningún tipo de relación de prestación de servicios», subraya el magistrado Álvarez en el auto. El 5 de noviembre se realizó otra transferencia irregular, la de importe de 80.000 euros, después de que, de nuevo, se sustituyera fraudulentamente la cuenta de destino.

Ordenadores bloqueados

Esas cantidades, casi 170.000 euros, se movieron a otra cuenta de la misma sociedad del investigado, pero 23.401,96 euros fueron objeto de un recobro automático del banco. La suma de 89.999,80 euros fue objeto de distintas transferencias a principios de noviembre de 2019, «con el fin de blanquear las cantidades obtenidas de forma ilegítima y de sustraerlas, además, a la acción de la justicia», expone el magistrado. Además, el investigado retiró presuntamente 400 y 550 euros de forma personal.

El jaqueo provocó el encriptamiento de varios ordenadores de la Diputación de Ourense, lo que imposibilitó el acceso. La web estuvo varios días inoperativa. Este hecho concreto del pirateo, el 8 de noviembre de 2019, pretendía «borrar cualquier huella digital» de las transferencias, concluye el juez. Un año después del jaqueo, el ente provincial contrató un nuevo sistema para evitar nuevos ataques.