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El Sergas reclama 9.500 euros a 18 pacientes de Ourense

El área sanitaria provincial requiere a través del DOG el pago a personas que no acreditaron el derecho a la asistencia o la cobertura del seguro obligatorio en caso de accidente

Edificio de hospitalización del CHUO.

Edificio de hospitalización del CHUO. / I. OSORIO

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

A ninguna persona que necesita asistencia sanitaria se le niega la prestación del servicio, básico en un país con cobertura universal, pero esa garantía no impide que, en determinados casos, la administración proceda con posterioridad a facturar el servicio y reclamar la deuda. Sucede, según indican fuentes consultadas en el Sergas, cuando la persona no acreditó que tiene derecho a la asistencia a coste del sistema público o, cuando el paciente que es asistido acaba en el hospital tras sufrir un accidente, un imprevisto para el que debe existir cobertura con el seguro obligatorio en el ámbito laboral y de la seguridad del tráfico.

Cada año, el área sanitaria libra las notificaciones para requerir a las personas que tienen que pagar los servicios sanitarios recibidos. En el Diario Oficial de Galicia de este pasado lunes se publica una cédula del gerente de la provincia, Santiago Camba, que requiere a un total de 18 personas para que abonen la asistencia que le prestaron en los centros del área sanitaria. El Sergas factura importes de deudas individuales que oscilan entre 58,37 y 2.926,31 euros. La cantidad entre los 18 suma 9.486,55 euros. Disponen de un mes para formular recurso de reposición ante el área sanitaria, o bien reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, de la Xunta de Galicia.

La publicación, emitida por el gerente el 18 de marzo, llega al DOG porque el área sanitaria no ha podido localizar a los afectados en las direcciones que figuran en la base de datos del Sergas, o porque alegaron distintos motivos para no recoger las notificaciones. La administración publica un número de cuenta bancaria para que efectúen el pago en el periodo voluntario de ingreso. Transcurrido el plazo —algo más de un mes— se iniciará el periodo ejecutivo para el cobro, una fase de apremio en la que intervendría la Agencia Tributaria. Para culminar el trámite de notificación que exige la ley, el anuncio se publicará también en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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