El servicio de basura y limpieza acude a huelga en la celebración del Entroido

Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras del Concello de Ourense han convocado huelga indefinida a partir del próximo 1 de marzo para reclamar un convenio colectivo digno tras 14 meses con los salarios congelados. La decisión, tomada ayer en asamblea, afecta a una fecha comprometida del calendario ourensano: el fin de semana de entroido.

Los empleados de la concesionaria Ecourense, que se encuentra en precario, iniciarán el plante en el turno de la madrugada del sábado a domingo a partir de las 06.00 horas. Reclaman que después de 12 reuniones negociadoras- tanto entre el comité con la empresa como con el comité del Concello- la concesionaria se negó a aceptar sus principales demandas: incrementar los sueldos en base al IPC y equiparar el valor de los trienios, igualándolo en 25 euros para todos los trabajadores. Además, solicitan la reducción de la jornada laboral, eliminando uno de los dos sábados de trabajo obligatorio al mes para cada uno de los empleados.

La decisión llega un par de días después de que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, anunciase que no recurrirá la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGAL) que anula la licitación del contrato de basura y limpieza viaria de Ourense por irregularidades, al no reservar el 50% de los mismos para empresas de inserción laboral o centros especiales de empleo.

El concello indicó que sacará a concurso un nuevo pliego en el mes de mayo, toda vez que se complete su redacción y tramitación, que incluye la elaboración de una nueva estructura de costes, que se remitirá a la Xunta de Galicia. Entienden que «esta vía es más recomendable, ya que recurrir la resolución del tribunal daría lugar a un proceso judicial que podría demorarse en el tiempo» más que la licitación de un nuevo contrato, por lo que «sería peor el remedio que la enfermedad».

Desde el gobierno local culpan de esta situación a «una negligencia grande de la consultora en la que delegamos. Preparó los pliegos y, en el último momento, a finales del mes de diciembre, remitió una comunicación en que nos decía que era conveniente rehacerlos, a causa de varias resoluciones del TACGAL relativas a la necesidad de hacer ciertos lotes en el contrato».

En este escenario, el regidor decidió que era conveniente seguir adelante con la licitación, «para ver se teníamos la razón o no, ya que hay sentencias de otros tribunales en otras ciudades españolas en un sentido diferente» y «para poder testear el pliego y detectar, si hubiese otras posibles causas de impugnación o errores, con la finalidad de que el pliego que se licite en el mes de mayo salga completamente limpio de errores y se pueda completar la contratación del servicio».

Réplicas de la oposición

Al paso de estas declaraciones ha salido la oposición. Desde el BNG el portavoz, Luis Seara, culpó directamente al regidor. Para él, Jácome tenía conocimiento de las «deficiencias» a través de un oficio de devolución del interventor, mediante el cual advertía de la «necesidad de adjuntar la relación de inversiones a realizar por el adjudicatario, de actualizar la ordenanza municipal, de establecer un marco normativo adaptado a la realidad actual, ya que la Ordenanza es de 1995 y de incluir el 50% para empresas de inserción laboral».

«Como no le gustó lo que le dijo, pidió un informe a su consultora de cabeza, que es la que elaboró los pliegos, pensando que le iban a dar la razón y aquí es donde se produce la gran novedad ya que aconseja, con los argumentos del Interventor, parar la licitación» dijo Seara para añadir que, a pesar de ello, el alcalde «decidió tirar para adelante con la licitación, sabiendo que tenía todas las papeletas para que fuera impugnada y quedara en suspenso».

Por todo ello, demandó llevar a pleno la «actualización» del reglamento del servicio de abastecimiento de agua y de la limpieza viaria y recogida de residuos, «ya que parece que el único objetivo pretendido es el incremento de la recaudación».

En la misma línea se expresan desde el PSOE. Los socialistas recuerdan que Pérez Jácome es « el mismo que consideraba, cuando era parte de la oposición, que no se podían tener estos servicios caducados y que el único culpable era el ejecutivo local, cosa que ahora obvia». Lamentan que «la nueva víctima» de « las graves irregularidades en los procedimientos administrativos del gobierno de Democracia Ourensana» sea esta concesión « deficitaria con respeto a los estándares mínimos de eficiencia, que ya no cubre siquiera todos los barrios de la ciudad con la periodicidad debida, cuenta con colectores rotos y en situaciones insalubres en algunos casos».

«No estamos hablando de una obra que se complica o se queda sin crédito presupuestario a final de año. Estamos afirmando que no pagamos porque haya alumbrado público, servicio de recogida de basura, abastecimiento y saneamiento de agua o transporte urbano. La deuda con las concesionarias asciende hoy en día a más de 60 millones de euros», alertan.

Al hilo, desde el PP exigen al gobierno local que «deje trabajar a los técnicos, que escuche las demandas de los trabajadores y que saque de una vez la concesión cumpliendo la normativa.

Esta nueva anulación se suma a la anterior del Tribunal de Contratación Administrativa de Galicia que dejó sin efecto los pliegos del transporte público y el concello no tendrá nuevas líneas hasta, por lo menos, mediados del año 2026.