El repartidor de pizza acusado de besar sin permiso a una menor sola en casa lo niega
La Fiscalía mantiene la solicitud de 15 meses de prisión por un delito de agresión sexual y retira la petición de expulsión del país del encausado
El juicio fue a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ourense. / I. OSORIO
En una sesión a puerta cerrada, para velar por la intimidad de la víctima, la Audiencia Provincial de Ourense albergó este jueves el juicio contra un hombre acusado de un delito de agresión sexual, del que fue víctima una adolescente, de menos de 16 años cuando ocurrieron los hechos, en enero de 2023. Según la manifestación de la perjudicada, cuya declaración inicial en el juzgado fue preservada como prueba preconstituida, para evitar que tuviera que pasar de nuevo por el proceso, el encausado le dio un beso sin su consentimiento en la boca, después de que ella le abriese la puerta para recoger un pedido de pizza que el sospechoso entregó en el domicilio. La menor estaba sola en la vivienda.
El varón prestó declaración en el juicio a través del sistema de videoconferencia, desde un juzgado de la comunidad de Madrid. Negó los hechos. Él sostiene que no besó a la menor. Pero la Fiscalía considera acreditado el delito de agresión sexual, en base a la declaración de la víctima y con apoyo, además, en pruebas testificales.
El ministerio público mantiene la solicitud de condena, excepto por una sola modificación con respecto a la calificación inicial. Retira de su petición la expulsión del acusado del país, que cuenta con arraigo en España. La Fiscalía propone una condena de 15 meses de prisión y una prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio y al lugar que frecuente, a una distancia no inferior a 300 metros durante cinco años, además de la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante ese tiempo.
La Fiscalía solicita una medida de libertad vigilada de cinco años, con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad, además de la inhabilitación durante seis años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores. La acusación pública propone que se le imponga una indemnización de 2.000 euros por el daño moral que el presunto agresor sexual causó a esta menor.
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