Dos fallos obligan a pagar a 4 afectados ouRensanos del caso «cártel de coches» el sobrecoste que abonaron
Son las dos primeras sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Ourense tras un acuerdo por el que, entre 2007 y 2013, el 93% de fabricantes y concesionarios de toda España pactaron subir precios

Casco urbano de Ourense. | Iñaki Osorio
Redacción
La Audiencia Provincial de Ourense acaba de dictar dos sentencias, que condenan a Ford y A Renault a devolver 6.200 euros a cuatro reclamantes afectados por el llamado Cártel de Coches, una práctica que llevaron a cabo fabricantes y distribuidoras en toda España entre 2007 y 2013, por la que pactaron subidas del precio final de los vehículos que iban a poner en el mercado.
Según el informe del bufete de Juan José Pérez Barreiro, abogado de Derecho Mercantil, Bancario y Financiero, con sede en O Carballiño, que llevó estos casos, estos dos fallos que crean jurisprudencia, para otras futuras demandas que se presenten en la provincia de Ourense declaran hechos probados, que entre 2007 y 2013, «el 93% de empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles, intercambiaron información sensible y y estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios posventa de las marcas participantes».
El bufefe de Pérez Barreiro explica que «la sentencia considera que dicha circunstancia, constituye una práctica restrictiva de la competencia, y que da derecho a todos los afectados que hayan adquirido su vehículo entre 2007 y 201, a recuperar en torno al 7,5% de los que pagó».
Según explica la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches, (AACC) creado en España para informar y asistir a los afectados, el concepto cártel hace referencia a un acuerdo formal entre dos o más empresas que tienen entre sus objetivos principales la reducción de la competencia y el aumento de sus beneficios y con este fin trabajan de manera conjunta.
En concreto, el Cártel de Coches «se relaciona con una serie de prácticas abusivas y restrictivas llevadas a cabo por más de una veintena de fabricantes de automóviles. En este caso, los acuerdos ilegales y oportunistas cometidos por los integrantes del cártel entre 2006 y 2013 tuvieron consecuencias directas sobre el bolsillo de los compradores. Estos tuvieron que hacer frente a una serie de sobrecostes y perdieron el poder de decisión entre diferentes marcas» indican.
Añaden además desde seta agrupación nacional que «durante los siete años que estuvo operando el cártel, los principales fabricantes de automóviles realizaban intercambios de información tanto a nivel estratégico como a nivel comercial con el objetivo de tener el control sobre el mercado automovilístico»
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