La CIG augura «conflictividad laboral» con el nuevo contrato de la basura

El 4 de marzo finaliza el plazo de presentación de ofertas para la renovación del contrato del servicio municipal de recogida de residuos y limpieza viaria del Concello de Ourense, en precario desde 2022, fecha en la que se agotaron las dos prórrogas posibles. Un contrato del que dependen alrededor de 200 trabajadores, por lo que las partes implicadas han revisado los pliegos con lupa.

Tras este análisis, la Confederación Intersindical Galega, CIG, ha presentado alegaciones. Sostiene que las condiciones técnicas expuestas son un «despropósito» y, de mantenerse, augura un clima de «conflictividad laboral». Así lo expusieron este jueves el secretario comarcal de la organización, Anxo Pérez Carballo, y los delegados de la CIG en el comité de empresa. Entre otras cuestiones, se refieren a que el pliego señala como convenio de aplicación el sectorial, que no contempla beneficios recogidos en el convenio de empresa y conseguidos por los trabajadores. Además, detalló Pérez Carballo, introduce una posible «congelación salarial», así como modificaciones en las condiciones de trabajo, además de vulnerar derechos fundamentales como la negociación colectiva.

Con tal motivo, la CIG presentó cinco alegaciones que se suman al recurso interpuesto por la Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro, Cegasal, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, contra el anuncio de licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y la memoria justificativa, solicitando como medida cautelar la suspensión del procedimiento. Esta petición ha sido aceptada por el tribunal, si bien la resolución señala que no afecta al plazo de presentación de ofertas, fijado para el 4 de marzo, por lo que el calendario sigue abierto para que las empresas puedan formular sus propuestas. El contrato, licitado a principios de enero por un importe base de 160 millones de euros, tiente una duración de diez años.

Con todo, además de acusar al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de incumplir el compromiso adquirido con el comité de empresa de Ecourense —la actual adjudicataria— de contar con su opinión y participación a la hora de elaborar los pliegos, la CIG advierte del posible recorte de derechos y modificación de las condiciones de trabajo que recogen los pliegos.

«Se modifican los horarios de forma unilateral y se establece una congelación salarial al marcarse como base las tablas de 2023», denuncia Pérez Carballo, que alerta también de las dudas que suscita el pliego respecto a la subrogación de la totalidad de la plantilla. Señala que tampoco aclara qué convenio de sector será de aplicación, pudiendo ser el estatal de recogida de basura o el provincial de la limpieza. En todo caso, precisa la CIG, cualquiera de los dos contempla condiciones inferiores a las negociadas con Ecourense y que ahora están nuevamente en fase de negociación. El sindicato recuerda que cuando se trata de circunstancias más beneficiosas, el Estatuto de los Trabajadores defiende que el convenio de aplicación debe ser el de empresa. Una cuestión relevante, incidió el secretario de la CIG, ya que se trata de «mejoras en temas de incapacidad temporal, días de asuntos propios, jornada, promoción de ascensos o las coberturas de invalidez e incapacidad».

Pérez Carballo confía en que estas alegaciones sean tenidas en cuenta ya que los pliegos, tal y como están redactados, afirmó, «parecen estar enfocados a crear inseguridad jurídica y una conflictividad laboral importante en el futuro».