La Xunta licita la gestión del CAPD por 14 millones y fija el inicio para el 1 de abril
La consellería justifica la decisión en la carencia de personal propio y opta por una entidad social para prestar el servicio, en contra de la demanda de las familias que llevan casi una década reclamando la gestión directa

Las obras del edificio, en Barrocás, ya están finalizadas. / Alan Pérez
Catorce millones de euros para un plazo máximo de tres años y una fecha de inicio: el próximo 1 de abril. Este viernes arrancó el proceso de contratación de la gestión integral del nuevo Centro de Atención a Personas con Discapacidad, CAPD, de Ourense, con 110 plazas asistenciales, 80 residenciales y 30 de atención diurna terapéutica.
Se trata del primer centro residencial para personas con diversidad funcional mayores de 21 años de titularidad pública en la provincia, y responde a una demanda histórica de las familias, que llevan peleando por esta dotación desde 2016. Casi diez años reclamando un CAPD público y de gestión pública y directa, como el que ya tienen el resto de provincias gallegas. Pero si bien el centro comprometido ya está construido en el barrio ourensano de Barrocás, la gestión no será con personal propio de la Xunta, como ha reivindicado la plataforma ProCAPD a través de firmas y movilizaciones, sino que la adjudicación se ha reservado a una entidad de iniciativa social.
Así lo confirmó la Consellería de Política Social a finales de diciembre y así lo ratifica la licitación del contrato, este mismo viernes. El plazo para presentar ofertas finaliza el 24 de febrero y el inicio de la actividad, tal y como figura en los pliegos, es el 1 de abril.
"Insuficiencia de medios"
La documentación que acompaña a los pliegos incluye un informe firmado por la directora general de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón Fernández, que justifica la externalización de la gestión en base a la «insuficiencia de medios». Explica que la Xunta dispone de la financiación necesaria para la prestación del servicio, «pero no de medios personales y materiales adecuados» para llevarla a cabo. De ahí que resulte «necesario acudir a la contratación de este tipo de servicios a empresas que reúnan los requisitos para realizarlos». En este caso, una entidad social con psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y logopedas, entre otros.
En otro informe similar, la directora general defiende que estas entidades tienen un «papel destacado» en el ámbito específico de la atención a personas con discapacidad, tanto en la gestión de los recursos como en la promoción de estudios e investigaciones encaminadas a facilitar el reconocimiento y visibilidad social y mejorar la calidad de vida de este colectivo.
110 plazas
Con todo, el centro ofertará 80 plazas de atención residencial distribuidas en 10 para personas con discapacidad intelectual, 20 para trastorno del espectro autista, 20 para parálisis cerebral, diez para daño cerebral adquirido y otras 20 en régimen de terapéutico-ocupacional para discapacidad intelectual. Otras 30 plazas se destinarán a atención en centro de día, con servicio de transporte adaptado y asistido.
En cuanto al personal, el pliego establece ratios para la atención directa diferenciados, en los que se incluyen cuidadores y técnicos. Los más altos son para la asistencia a las personas con trastorno del espectro autista (1,02) y daño cerebral adquirido (1,03). Para las personas con parálisis cerebral se establece una ratio de 0,97 y de 0,81 en el caso de la discapacidad intelectual.
Entre los requisitos de personal se incluye 15 profesionales con grado universitario y formación técnica para el área ocupacional, y 48 cuidadores con titulaciones en el ámbito sociosanitario.
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