La victoria de Antía y su familia en el apoyo a la dependencia

Supone una victoria sobre todo «moral» y abre la puerta a otras familias en una situación similar, valoran en la casa de Antía San Martín Iglesias. «Va a ayudar a otras personas, esperamos que sí». Una sentencia de la jueza del Contencioso-Administrativo 1 de Ourense corrige a la Xunta en su criterio acerca de la intensidad de los cuidados en el entorno familiar que necesita esta joven de 18 años, con una discapacidad del 85% por una parálisis cerebral, un grado III de dependencia.

La resolución judicial, contra la que no cabe recurso de apelación, cataloga como de intensidad completa la atención necesaria en el hogar —y no solo parcial, como decidió la Xunta en la última revisión—, restituyendo a la madre, Iria Iglesias, como cuidadora no profesional a tiempo completo, con una dedicación de 160 horas al mes o más, el doble de lo que veía adecuado la Xunta.

La administración, condenada al pago de las costas, debe devolver a la progenitora la prestación vinculada a dichos cuidados, con los incrementos y las revalorizaciones que procedan y con efectos desde abril de 2023, después de la decisión de Política Social que rebajó de completa a parcial la intensidad de los cuidados en el ámbito familiar.

La progenitora pasó de recibir 426,40 euros al mes a 214,52, con la merma consiguiente en su cotización a la Seguridad Social. Otros 200 euros se asignaban para las terapias, pero esa cifra resultaba insuficiente muchos meses, y no podía utilizarse para hacer frente a otros gastos asociados a la atención de la dependencia.

"Lo que tenía la niña es lo que merecía"

La progenitora tuvo que buscarse un trabajo sin dejar de atender a la joven, con el apoyo de su marido, Enrique, de sus otros hijos, Iago y Pablo, así como los abuelos y los profesores. «Fue un cambio sin sentido. Lo que tenía la niña es lo que merecía», afirma la madre. El abogado Benjamín Mayo representó a la familia en este proceso judicial.

Antía estudia Segundo de Bachillerato en la rama social, en el instituto 12 de octubre del barrio ourensano de A Ponte, donde reside la familia. Hace dos semanas, ella y otro compañero con discapacidad del centro recibieron un premio extraordinario de la Consellería de Educación, un reconocimiento a su esfuerzo y superación durante la ESO.

En Bachillerato, Antía progresa con buenas notas. El profesorado y el instituto, con compromiso y esfuerzo, suplen la ausencia de obligatoriedad para la administración de dotar cuidador y apoyo en Bachillerato (sí son preceptivos en ESO). «Desde el primer profesor al último, el 12 de octubre es una maravilla», elogia la familia. Antía aún no sabe con certeza qué estudiará en la universidad, aunque la atrae la opción de graduarse en Telecomunicaciones, como su padre Enrique.

Ayuda diaria en las tareas básicas

En su día a día necesita ayuda en las tareas básicas, desde ir al baño a vestirse. La familia ha invertido miles de euros en útiles como un andador, una bicicleta o un traje de estimulación. Dos jornadas cada semana, acude a fisioterapia y terapia ocupacional a una clínica.

Tras rebajar la intensidad de los cuidados en el ámbito familiar de completa a parcial, la Xunta alegó que, de esa manera, con la reducción a un máximo de 80 horas al mes en la atención en casa, la joven podía beneficiarse de otros servicios que potenciasen su autonomía, en aras a su integración social. Pero «tal afirmación» —expone la jueza— «no consta que obedezca a una situación real y actual en la que Antía esté beneficiándose de servicios y actividades que mejoren su autonomía, precisando en menor medida del apoyo de su madre como su cuidadora principal no profesional, sino que, a la vista de los datos recogidos, parece aludir a lo que sería probable o deseable», expone la sentencia.

Fue un cambio unilateral tras 12 años, no existía ninguna variación y nadie nos avisó, ni siquiera nos dieron audiencia

«No es suficiente ni justifica la reducción», afirma la magistrada, «al no figurar dato alguno que permita apreciar que la dedicación horaria y la intensidad del servicio de la madre cuidadora no sea de intensidad completa según la normativa, esto es de 160 o más horas al mes, habida cuenta el horario escolar de Antía y las cuatro sesiones mensuales de fisioterapia y las otras cuatro sesiones mensuales de terapia ocupacional que sigue», recuerda la jueza en la resolución.

«Lo que más nos dolió» de la decisión de la Xunta «es que fue un cambio unilateral tras 12 años, no existía ninguna variación y nadie nos avisó, ni siquiera nos dieron audiencia», lamenta el padre. Un sinsabor que se sumó a la frustración de perder el derecho a la ayuda de 5.000 euros al año para cuidadores, tras la reducción de la Xunta, que ahora revoca la jueza.

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