El juicio con jurado popular por el crimen de Velle, entre el 18 y el 21 de noviembre

Diego R. T. se enfrentará a un juicio ante un jurado popular y a solicitudes de condena que, por primera vez en la provincia de Ourense, incluirán la petición de la prisión permanente revisable, la pena más restrictiva de la libertad que existe en el sistema español de justicia. Está acusado del brutal ataque con cuchillo, en febrero de 2021 en A Batundeira (Velle, Ourense), en el que presuntamente asesinó a la joven A. B. R., de 22 años, y dejó herido muy grave a Á. B. F., novio de la víctima y primo del encausado.

El atacante era su vecino de al lado. La magistrada Ana del Carmen Blanco Arce presidirá el juicio con tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Ourense comunicó el lunes a las partes el auto que establece la organización de la vista. Las fechas reservadas para este procedimiento son el 18, 19, 20 y 21 de noviembre.

La primera jornada –justo a continuación de que quede conformado el jurado, con nueve titulares y dos suplentes– se dedicará al informe preliminar de las partes y al interrogatorio del acusado, además de varias declaraciones de policías. Los agentes detuvieron al sospechoso en su casa, después de que presuntamente arrojara el cuchillo a una finca cercana y, tras desactivar la alarma al volver a su domicilio, se metiera en la cama. Antes de cometer el crimen, cuando salió en mitad de la madrugada de su vivienda, le puso a su madre de excusa que iba a matar unos conejos.

Para el 19 de noviembre se ha fijado la intervención del superviviente. Esta víctima, la primera a la que atacó el acusado justo después de le abriera la puerta sin poder sospechar lo que se avecinaba, vio al agresor ir después a por su novia, antes de quedarse inconsciente. Momentos después consiguió alertar a su padre e identificó a Diego como el asesino, cuando llegaron los policías. Por si acaso no lograba aguantar, había escrito con su propia sangre el nombre del autor en el suelo, para que se supiese quién había sido.

La Audiencia también ha fijado para el 19 de noviembre las declaraciones de los médicos psiquiatras que atendían al encausado. Estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde 2016, pero desde hacía unos nueve meses no tomaba el inyectable que necesitaba para controlar su patología. Con todo, los forenses creen que Diego R. T. fue consciente de los hechos brutales que cometió. Tanto el juez instructor como la Audiencia Provincial descartaron la consideración de responsable civil subsidiario del Sergas.

El TSXG cerró la puerta a esa posibilidad recientemente, ya de manera definitiva. Las acusaciones particulares querían que la administración sanitaria rindiera cuentas por no haber garantizado presuntamente el control del tratamiento del encausado, en plena época de pandemia. Una posible culpa ‘in vigilando’ de la administración, creen las familias.

El 20 de noviembre están citados al juicio los forenses del Instituto de Medicina Legal, otros peritos así como el psiquiatra que ha realizado un informe sobre el estado mental del encausado, a petición de la defensa. La Fiscalía admite la existencia de una atenuante analógica de la responsabilidad criminal de alteración psíquica. Considera que el acusado actuó “con su conocimiento y comprensión del acto afectado de forma moderada, debido a una interpretación errónea de la realidad, y en menor medida afectada la actuación conforme a esa comprensión”. La defensa no comparte el relato de hechos de las acusaciones y discute la calificación jurídica, al no apreciar ni ensañamiento ni alevosía en la conducta de Diego R. T. En su opinión, el ataque fue un homicidio. La abogada plantea una eximente completa de anomalía psíquica o, de manera subsidiaria, una atenuante.

Para el 21 de noviembre, última fecha de este juicio con jurado, quedarán las conclusiones y el informe de cada una de las partes. Después, la magistrada presidenta decidirá qué día entrega el objeto del veredicto al jurado, para que comience a deliberar hasta el veredicto.

Las acusaciones proponen una condena de entre 24 años de cárcel –la petición de la Fiscalía– y la prisión permanente revisable, la que pretenden los abogados de la familia de la asesinada y del superviviente, que observan agravantes de ensañamiento y de alevosía. Esta medida, por el momento, nunca se ha aplicado en la provincia. En el caso de que no prospere, las familias solicitan como alternativa un total de 40 años de prisión. Diego R. T. permanece entre rejas desde su detención en febrero de 2021.

El juicio por el crimen de Velle será el tercero de este año en Ourense que se resuelve con un tribunal popular. El pasado mes de febrero, un jurado consideró responsable, por omisión, del homicidio de la joven Nerea Añel –una muerte violenta ocurrida en enero de 2020– al varón que en aquel momento era su novio, Julio G. S.

El jurado declaró su culpabilidad, pero el magistrado presidente, Antonio Piña, dictó una sentencia absolutoria, al considerar que la valoración de los hechos por parte del jurado “no permite su subsunción dentro del delito de homicidio por comisión por omisión”, entre otros argumentos técnicos. En junio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nula la sentencia absolutoria y ordenó al magistrado de la Audiencia que dicte una nueva resolución que se ajuste al veredicto de culpabilidad del jurado.

Un mes antes del juicio con jurado por el crimen de Velle, otro tribunal popular encausará a Cristina R. V., acusada de matar y descuartizar a un hombre de 56 años que llegó en agosto de 2021 a la casa de la joven en Rabiño (Cortegada), desde Cataluña, tras haberse conocido por internet apenas dos semanas antes. En solo tres días de convivencia tuvieron varias discusiones.

En diciembre de ese año, la joven confesó los hechos ante la juez, durante el registro: lo durmió con pastillas, lo asfixió con una almohada, fragmentó y quemó su cadáver con gasolina y enterró un pie. El juicio ante un tribunal popular arranca el 21 de octubre. La Fiscalía, que aprecia la existencia de una atenuante por la “limitación moderada de la voluntad” de la encausada, debido a su estado mental, solicita una condena de 18 años de cárcel.

El caso de O Barco, sin fecha

Hay otro caso en espera de que se señale la fecha para el jurado popular. Esta causa está menos avanzada en la tramitación judicial. Se trata del homicidio de Leticia Sanabria, de 29 años, en O Barco de Valdeorras en septiembre de 2021. La única acusada, Fátima A., su compañera de piso y en un club de alterne, se enfrenta a peticiones de condena de 12 a 20 años de cárcel –Fiscalía y acusación particular, respectivamente–, además del pago de una indemnización de 150.000 a 200.000 euros.

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