La oposición del Concello de Ourense sobre el “acoso” de Jácome al interventor: “No es un caso aislado”
El PP registra una moción para debatir el “caso Barrera” y que se cumpla la legalidad | El BNG: “Es una práctica habitual” | El PSOE: “Hace amenazas que no puede cumplir”

El pleno del Concello de Ourense en la sesión del pleno ordinario de diciembre. / Fernando Casanova
Las alegaciones presentadas por el interventor del Concello de Ourense contra el expediente que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, abrió contra él siguen copando la actualidad informativa y lo seguirán durante toda la semana, ya que en el próximo pleno del mes de enero que se celebrará este viernes se debatirá una moción sobre el cumplimiento de la legalidad por parte del gobierno municipal, presentada por el PP de la ciudad.
Los populares dicen que “la sentencia de acoso a la intendente no es un caso aislado en relación con la política de personal”. Denuncian que “hay servicios desmantelados, una continúa rotación de personal de un servicio a otro sin motivación y sin un concurso de traslados, que sería lo idóneo, nombramientos y ceses dudosos y faltas de respeto a los empleados públicos”. Pedirán el apoyo de la Corporación ourensana para que el gobierno municipal cumpla “la legalidad municipal” y sobre todo lo que tiene que ver con “el protocolo de acoso laboral”.
Los populares hablan, en su moción, de la política de personal llevada a cabo por el regidor ourensano como base para criticar sus actitudes y piden “respeto” para los funcionarios y empleados públicos del Concello de Ourense. Sobre los casos concretos del interventor y el cese de la tesorera señalan que "nada que objetar a que los trabajadores municipales ejerzan sus derechos en defensa de sus funciones y de su persona, cuando estos se sientan agredidos. El alcalde debería ejercer sus funciones, las que le corresponden, no las que cree que le puedan corresponder,y en todo caso, el ejercicio de estas en ningún caso puede suponer ni falta de respeto a los trabajadores municipales, ni su ridiculización, ni la vulneración de sus derechos. Lo del interventor no es un caso aislado. Se suma al de la Intedente de la Policía, al de la Tesorera Municipal, al de la Jefa del Negociado de Comercio y a los de otros trabajadores, que por ejercer sus libertades y sus funciones están siendo atacados , como es público y notorio".
Y el Partido Popular siempre censurará dichas actitudes de un gobierno municipal y defenderá que los trabajadores ejerzan su labor sin acoso de ningún tipo.
Por su parte, la secretaria de la agrupación municipal del PSOE y portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, Natalia González, señala que “el pequeño dictador amenaza con ceses que no puede materializar a trabajadores y trabajadoras con habilitación nacional, mientras se hincha a contratar asesores y altos cargos a dedo, convirtiendo al Concello de Ourense en la oficina de colocación de Democracia Ourensana como alumno aventajado de la doctrina del caciquismo del PP de Ourense”.
Luís Seara, portavoz nacionalista en el Concello de Ourense, señala que “estos hechos corroboran lo que llevamos meses argumentando desde el BNG, la jolperización del Concello de Ourense con un alcalde que obvia y tiene un absoluto desprecio por los procedimientos establecidos, que es opaco en su gestión y que dilapida cantidades ingentes de dinero al tiempo que practica el abuso de poder y el acoso laboral. No lo decimos nosotros sino una sentencia judicial y la intimidación, ya que lo sucedido con el interventor al igual que con la tesorera es un aviso al resto de trabajadores y trabajadoras, de que quien no sea funcional a sus intereses, tendrá problemas. Lo que ya conocemos como ‘el modo DO’ del que hablaba la sentencia de la intendente de la Policía Local y también el interventor”.
Seara incide en los expedientes de cese al interventor y a la tesorera señalando que “curiosamente lo hace a los dos altos funcionarios encargados de la fiscalización económica de la acción de Gobierno”. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto las continuas descalificaciones hacia los empleados públicos “que los sitúan en una posición de debilidad delante de la sociedad, ya que en cierta medida y llegado el caso, puede verse legitimada para actuar de manera similar, avalada por el propio comportamiento del alcalde de Ourense”.
Preguntado por si quería hacer alguna declaración al respeto, Gonzalo Pérez Jácome fue contundente: “Nada”.
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