Llevaba casi un año en busca y captura tras ser condenado en 2020, por la Audiencia Nacional, a 8 años de prisión por un delito contra la salud pública. El 8 de diciembre de 2021, los investigadores cayeron sobre él, frustrando una presunta recogida de más de 5,4 kilogramos de heroína. Pero el arousano Francisco J. J. R., alias Javillo, el principal encausado en un juicio con nueve personas en el banquillo que se celebra en la Audiencia Provincial de Ourense esta semana, alega que cuando fue detenido en esta operación –bautizada como Reditus– no se dedicaba al tráfico de drogas.
Además, sostiene que no acudió a un área de servicio de Sanxenxo (Pontevedra) a formalizar ninguna compraventa de estupefaciente, pese a que el acusado Andrés F. C. H., que llevaba 5.429,5 gramos de heroína en once paquetes ocultos en el airbag del copiloto, admite su implicación y se beneficiará de una rebaja de la pena con respecto a la petición inicial de la Fiscalía, de 4 años y 5 meses.
"De las drogas hace tiempo que no quería saber nada, me retiré"
“No hice ningún gesto a nadie ni estaba esperando a nadie. De las drogas hace tiempo que no quería saber nada, me retiré, desde que tuve que operarme del corazón”, manifestó Javillo en su interrogatorio, en el que como el resto de los encausados se acogió a su derecho a responder solo a la defensa. La Fiscalía, que solicita una condena de 8 años de cárcel y 50.000 euros de multa, afirma que el tráfico de cocaína, heroína y hachís constituía la “única fuente de ingresos” de Javillo y de su exmujer, también acusada. Ella fue condenada en la misma resolución previa de la Audiencia Nacional, en su caso a 3 años y medio de cárcel. El ministerio público les atribuye la agravante de reincidencia.
La pareja vivía a caballo entre Ourense, su lugar de residencia habitual, y un chalé en Sanxenxo. El encausado declaró en el juicio que, tras retirarse supuestamente del narcotráfico, se dedicó a la compraventa por internet de coches de segunda mano así como a la venta a restaurantes de mallas de dos kilos de berberechos.
Su versión es que el 8 de diciembre de 2021, cuando fue detenido tras permanecer huido de la justicia desde enero, él y su ex, Rosa M. R. V., acudieron a desayunar y a lavar el coche al área de servicio donde se frustró la entrega. Javillo sostiene que los 3.000 euros en efectivo que le fueron incautados eran el dinero que su esposa le dio –tras recibir ella la cifra de su madre– para abonar una deuda de alquiler de una casa de las inmediaciones. Un chalé en el que se halló droga en los registros, al igual que en viviendas en O Vinteún. La exmujer y el hijo, a quienes la Fiscalía atribuye una participación en tareas de narcotráfico, reprodujeron en sus declaraciones el mismo argumento sobre el dinero.
Su ex: “Soy una drogadicta, que me dejen tranquila”
Los familiares aducen que contaban con ingresos ajenos a la venta de drogas. La mujer, cuidando a mayores y limpiando casas. El hijo, en la hostelería y en una fábrica. “Soy drogadicta, mi madre me cuida a mí y yo a ella. Que me dejen tranquila; llevo casi cinco años en la UCA [en referencia a la Unidad de Conductas Adictivas] y yendo a un psiquiatra. Sobre las drogas, yo compraba, pero no vendía”, aseguró en su turno Rosa M. R. V., para quien la Fiscalía también solicita 8 años de prisión más 50.000 euros de multa porque, según la acusación, colaboraba “activamente” con su exmarido en la distribución de sustancias.
El hijo, Miguel Á. J. R., coincidió con la versión de sus padres y aludió a una supuesta “persecución” contra ellos tres en esta operación policial. El ministerio público afirma que este joven ayudaba a sus progenitores en la actividad ilícita, sin otra fuente de ingresos, y encargándose presuntamente de las transacciones en un callejón y en los garajes de ese lugar, en el barrio de O Vinteún. Se enfrenta a 6 años y medio de cárcel, así como al pago de una 43.500 euros de multa.
Además del reconocimiento de los hechos por parte del acusado que transportó la heroína al área de servicio de Sanxenxo, en la primera sesión de juicio también admitió su culpa el encausado Libaniel M. G., que se declaró arrepentido y estar en desintoxicación. Este encausado, que se enfrentaba inicialmente a 4 años de prisión pero que verá rebajada la pena a la mitad, utilizaba vehículos con dobles fondos para suministrar presuntamente hachís a Javillo –según indica la Fiscalía en el relato de hechos–, con el pretexto de dedicarse a la compraventa de automóviles. Usar el callejón para las entregas permitía “poder meter los vehículos y realizar cargas y descargas lejos de la vista de curiosos”, dice la acusación en su escrito.
Un proveedor reconoce culpa: “Tenía una deuda, quería pagarla y me arriesgué”
José A. G., en el banquillo por dedicarse al suministro de cocaína, reconoció en el juicio que llevaba una bolsa con droga, tapada con ropa. “Tenía una deuda, quería pagarla y me arriesgué”, indicó. Con todo, en su declaración exculpó a la familia de Javillo –a los que dijo no conocer–, así como a otro acusado que iba con él en el coche cuando les dieron el alto en la N-541 en O Carballiño, el 13 de diciembre de 2021. Llevaban 4 kilos de cocaína.
Jesús N. O., el otro presunto proveedor que hizo el viaje, negó estar al tanto del contenido de la bolsa, así como estar implicado en el narcotráfico. “Hago algunas chapuzas de vez en cuando”, dijo sobre sus ingresos. José sostiene que la entrega no iba destinada al clan de Javillo, sino a otra persona. La Fiscalía solicita para ambos 6 años y medio de cárcel, más una multa de medio millón de euros.
Otros dos encausados, Alejandro M. E. y Cristian S. R., defienden su inocencia. Para ellos, la Fiscalía pide la pena más corta, 18 meses. El segundo, amigo del hijo del Javillo, justifica su presencia en el callejón para “fuchicar con el coche y fumar canutos”.
La defensa: “No se puede basar una condena en que una persona tenga antecedentes penales”
En las diferentes intervenciones que se realizaron en vehículos, viviendas y garajes, los agentes se incautaron de 5,5 kilos de heroína, 4 kilos de cocaína y 35 kilos de hachís, además de diversas cantidades de dinero y efectos utilizados para tratar las sustancias. El juicio se prolongará al menos hasta este jueves.
En la fase de cuestiones previas, al inicio de la vista, la defensora del clan Javillo y de otros acusados solicitó la nulidad de toda la causa, en aplicación de la teoría del árbol envenenado. Considera que se vulneraron derechos fundamentales y que la autorización de las escuchas telefónicas no estaba justificada, al no existir –según esta letrada– “una investigación previa suficiente y proporcional”. Además, también cree que la investigación fue prospectiva, pues en un inicio se dirigía solo contra Libaniel, uno de los autores confesos. “No se puede basar una condena en que una persona tenga antecedentes penales”, expuso sobre el principal encausado.
La fiscal avala la actuación policial –colaboraron Vigilancia Aduanera, Policía y Guardia Civil– y niega que la investigación fuera prospectiva. “Los autos de la instrucción siempre se basan en indicios y están plenamente justificados, no hay ningún tipo de nulidad”. La Audiencia resolverá esta cuestión técnica en la sentencia.
