Baltar solicita el aplazamiento de su declaración judicial en Zamora tras ser multado por conducir a 215 km/h en la A-52
Su abogado pidió la suspensión del juicio rápido "al tener otro señalamiento anterior en el tiempo"
Baltar, durante el pleno ordinario celebrado en la Diputación de Ourense esta mañana. / BRAIS LORENZO
REDACCIÓN
El abogado de Manuel Baltar solicitó la suspensión de la declaración que tenía prevista para la mañana del martes 9 de mayo en los juzgados de Puebla de Sanabria, en Zamora, el presidente de la Diputación de Ourense, en relación con la multa por exceso de velocidad en esa provincia.
El letrado pidió la suspensión “al tener otro señalamiento anterior en el tiempo, teniendo éste preferencia sobre los acordados con posterioridad, por lo que procede legalmente la suspensión del mismo y de conformidad, con lo anterior, queda a la espera de que se fije nuevo señalamiento”, advierte.
El presidente de PP y de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar estaba citado a declarar hoy, en ese juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora), en relación a una multa de tráfico que le fue impuesta por una patrulla de la Guardia Civil, tras ser detectado el 23 de abril por un radar fijo, conduciendo el coche oficial de la Diputación, en la A-52 en Asturianos, perteneciente a la provincia zamorana, a 215 kilómetros por hora, en una zona donde la velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora.
Finalmente, la audiencia tras la que se dirimirá si Baltar será condenado o no por un posible delito penal contra la seguridad vial, al superar en 95 kilómetros hora, la velocidad máxima permitida en esa vía, será a puerta cerrada, no en audiencia pública, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a “La Opinión de Zamora”, cabecera del grupo Prensa Ibérica al que pertenece FARO.
Los estatutos del PP son estrictos y advierten de expulsión del partido a cualquier cargo con sentencia condenatoria firme o inhabilitación. Los delitos contra la seguridad vial se juzgan por la vía penal y contemplan posibles penas de cárcel o trabajos en favor de la comunidad.
Sin embargo, aunque el presidente reconoció la infracción y pagó en vía administrativa 300 euros (la mitad de los 600 previstos por ser en pronto pago), cualquier tipo de alegación de sus abogados de no conformidad, como el del margen de error del radar, dilatarían la resolución judicial en distintas instancias incluso durante años antes de dictarse sentencia.
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