La provincia de Ourense acumula el 13% de los grafitis hechos en los trenes en Galicia

Los usuarios de trenes están acostumbrados a la estampa de ver convoyes grafiteados en casi todas las estaciones. No hay territorio del país que escape a este tipo de actos vandálicos que supusieron un sobrecoste a los ciudadanos de 25,2 millones de euros solo el pasado año, según los datos proporcionados por Renfe. La provincia de Ourense acumula el 13% de los grafitis hechos en Galicia a lo largo de 2022.

Pintar delictivamente este medio de transporte implica que muchos tengan que retirarse de la circulación para su restauración. Dependiendo del tipo y de las dimensiones de los grafitis, dejan de estar operativos entre 8 horas (si la acción es menor) y una semana (si es de mayor calado y afecta a la pintura y la chapa del tren). Esto conlleva que durante el tiempo de labores de limpieza el número de trenes en circulación sea menor.

Además, el impacto medioambiental que generan estos delitos es de gran envergadura por dos razones. Por un lado, para la eliminación de los grafitis es necesario desplazar los trenes hacia los centros de limpieza y esto implica un consumo de 400.000 Kwh (o lo que es lo mismo, el abastecimiento de 44.000 hogares durante un día). Por otro lado, la pintura empleada por los grafiteros (cerca de 16.000 litros o 40.000 botes de pintura al año) está compuesta de sustancias tóxicas como el benceno o el butadieno, que comportan efectos nocivos sobre el entorno natural y las personas.

También afecta este tipo de vandalismo a la vida útil de los trenes, pues acaba siendo menor porque llevan una protección anti-grafiti y, cuando se borra uno, se quita también parte de esa cubierta protectora. Están compuestos por un ancho de chapa que, para volver a pintar tras un grafiti, es necesario lijar, lo que significa quitar parte de ese grosor. Si eso se hace dos o tres veces, llega un momento en el que ya no es apto para seguir circulando.

El coste económico que suponen estos delitos se refleja no solo en la adecuación de los convoyes dañados, sino que también generan gastos indirectos que se derivan de la inversión en seguridad, tanto de personal como de otros sistemas de videovigilancia, así como la futura implementación de drones.

Así las cosas, Renfe licitó a finales del pasado año la contratación de un servicio con drones. Esta acción cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros y contempla la realización de 76.720 horas de vuelo. La iniciativa –que pretende ser complementaria a los servicios de seguridad actuales– se podrá poner en marcha en todo el territorio nacional.

Se persigue con ello dos objetivos: ejercer un carácter disuasorio sobre todas aquellas actividades que puedan generar un riesgo para los usuarios, activos o personal de Renfe –como es el caso de los grafitis– y la detección precoz y captación de imágenes para permitir la identificación de los autores de dichas actuaciones.

Los grafiteros, según indica la empresa operaria ferroviaria pública, actúan de tres modos diferentes para realizar las pintadas: cuando el tren se encuentra estacionado en la vía o en talleres –fuera de servicio–; cuando está parado en una estación mientras se encuentra en servicio o, por último, accionando el aparato de alarma con el convoy en marcha –esto se da más en trenes de Cercanías de las grandes ciudades–. Este último modo supone no solo un riesgo para los pasajeros por la frenada brusca que implica, sino también para los propios vándalos que abren las puertas del vagón y saltan a las vías –por las que circulan más trenes que los pueden arrollar– para pintar por fuera.

En cualquier caso, los trabajadores de seguridad y los operarios de tren llevan meses señalando que la agresividad de los individuos que grafitean ha aumentado. “Apedrean y lesionan a los vigilantes, policías o empleados de Renfe-Operadora que los sorprenden en sus acciones. Otras veces, incluso apedrean a los maquinistas, cuando se bajan de la cabina para desactivar el accionamiento de alarma y desbloquear las puertas”, inciden desde el departamento de comunicación de la empresa estatal.

El año pasado fueron detenidos más de 150 supuestos autores de pintadas en vagones

Cuando los grafiteros detectan que el control de vigilancia ha aumentado sobre una estación determinada, suelen cambiar de ubicación. Se desplazan hacia zonas en las que saben que la supervisión es menor. Aun con todo, solo en 2022, el personal de seguridad de Renfe detuvo a 33 grafiteros –según los datos que aportan– y las fuerzas y cuerpos de seguridad pusieron a disposición judicial a 150 a lo largo y ancho de España.

Se denunciaron 3.559 intrusiones de grafiteros en las instalaciones de la operaria ese año, lo que representa una media de cerca de 10 actos vandálicos de este tipo al día. El mes pasado, sin ir más lejos, se detuvo a 14 personas –procedentes de diferentes partes de Europa– que realizaron pintadas en vagones españoles. La práctica está muy extendida y se conoce como “turismo grafitero”. Los autores de los destrozos se graban mientras pintan con espray los vagones y después lo suben a redes sociales. La Policía Nacional y la Interpol trabajan conjuntamente para frenar esta práctica, cada vez más habitual.

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