Más de 9,5 millones de euros, retenidos en los juzgados de Ourense por la huelga de letrados

Arranca para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) la tercera semana de paros, desde que convocasen la huelga indefinida el pasado martes 24 de enero, y la situación sigue estancada. Esto se traduce, según cifras oficiales, en más de 9 millones y medio de euros paralizados en las cuentas de los juzgados de la provincia –concretamente, 9.693.845 euros–. Los datos oscilan de unas provincias a otras en función de la cantidad de letrados que secundan la huelga en cada una. En el caso de Ourense son 23 –de un total de 29– los profesionales que se unieron a estos paros.

Solo entre lo retenido en la Administración en los municipios de Verín y Xinzo ya se contabiliza algo más de un millón de euros –1.177.700 euros, para ser exactos–. Y la razón reside en que sin la firma de los letrados –que se podrían traducir en una especie de notarios públicos– las sentencias no pueden ejecutarse ni hacerse públicas. En los juzgados de la capital –entre los de Penal, Social, Instancia, Contencioso, Violencia y la Audiencia Provincial– la cantidad supera los 7 millones de euros en las dos semanas de protesta.

Acumulación de juicios

La radiografía de la situación la imprime concisamente Cristina Villar, del Juzgado de Instrucción 1 y secretaria del decanato: “La huelga afecta a los ciudadanos porque no hay prácticamente ningún documento del juzgado que salga si no cuenta con la firma del letrado. Ni siquiera las resoluciones que son exclusivas de los magistrados, como es el caso de las sentencias”.

Actualmente, constan un total de 2.915 resoluciones pendientes de rubricar y que no se pueden notificar –precisamente por eso–, algo más de 600 actuaciones suspendidas –entre juicios y declaraciones tomadas– y 981 asuntos que se turnaron antes de la huelga pero cuyo procedimiento está paralizado.

Y aparte de no ejecutarse los pagos de indemnizaciones, pensiones, embargos o multas –con lo que eso supone para el ciudadano de forma individual pero también para las arcas del Estado– tampoco se están tramitando aquellos escritos que no requieren urgencia.

Además, hay un elevado número de recursos de apelación y de suplicación pendientes de ser elevados a la Audiencia Provincial de Ourense y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como un ingente número de escritos de trámite que ya habían sido turnados a los juzgados en fecha anterior al 24 de enero –cuando comenzó la huelga– que permanecen sin proveer.

En esta línea, sí continúan los designados como servicios mínimos procesando y ejecutando todos aquellos casos que implican derechos fundamentales, denuncias por violencia de género, medidas cautelares o procedimientos con reos.

Con estas protestas, los letrados buscan que se empiecen a aplicar las medidas aprobadas en abril de 2022, tras años de negociaciones. Preguntados por el conflicto, los profesionales señalan que no están exigiendo una nueva subida salarial ni otras condiciones laborales. “Tan solo reclamamos lo que ya está firmado y se nos comunicó que se publicaría en el Boletín Oficial del Estado en octubre”, puntualiza el delegado en Galicia del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, José Luis Roig.

Tensión acrecentada

El malestar se acrecentó –aún más, si cabe– cuando llevaban una semana de huelga indefinida convocada. El pasado 31 de enero, Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, dictó una instrucción en la que limitó el acceso a las vacaciones y los días de asuntos propios a los LAJ que estuvieran en huelga. “No se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y los letrados de la Administración de Justicia en días en que deban atender señalamientos”, reza el texto.

Esto, sostienen diferentes profesionales del sector, atenta contra el derecho constitucional a la huelga recogido en el artículo 28 de los derechos fundamentales.

Está previsto que durante la jornada de hoy se reúnan con abogados y procuradores por la alteración de sus funciones que estas dos semanas están suponiendo. “Hace años que se nos pidió que asumiésemos mayor responsabilidad y carga laboral para aligerar un poco el exceso que sufrían los jueces. Y lo hicimos sin mejoras porque entendíamos que la crisis económica era para todos. Sin embargo, seguimos sin percibir el aumento salarial que se nos prometió en abril, entre otras condiciones firmadas. Y tampoco se nos ha explicado por qué seguimos así”, dice Roig.

5.000 asuntos y escritos permanecen parados en el decanato

Los pasillos de juzgados y audiencias provinciales, caracterizados por ser un trasiego constante de abogados, encausados y testigos llevan dos semanas en silencio. El movimiento es mínimo en la mayor parte de las ciudades y el colapso que está sufriendo el sistema empieza a preocupar a todas las partes implicadas.

Pero la huelga indefinida no afecta solo a los casos que no se pueden celebrar, sino también a aquellos cuya llegada se está retrasando. Los asuntos y escritos parados en el decanato de Ourense –sin turnarse a los juzgados– superan ya los 5.000 en estos 14 días de protesta. El tapón de procedimientos acumulados es tan importante como el de los no celebrados.

El orden jurisdiccional más perjudicado es el de Derecho Civil: 2.437 procedimientos ya incoados en los juzgados y 727 declaraciones y ejecuciones de casos nuevos están detenidos por falta de la firma de los letrados. Le siguen, de lejos, Social –con 527 y 116, respectivamente– Instrucción –con 437 y 94 procedimientos de cada grupo– y Penal –con 408 y 28–.

La tensión entre los LAJ y el Ministerio de Justicia continúa escalando y la diferentes asociaciones que representan al colectivo –más unidas que en las convocatorias de huelga anteriores– han anunciado que están estudiando todas las opciones que tienen ante sí. Incluida la de presentar acciones legales contra Pilar Llop, máxima responsable de la cartera, y su equipo por lo que consideran una vulneración del derecho a la huelga.

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