Cita en el Supremo para resolver si la absolución de la ‘Zamburiña’ se mantiene

Los magistrados Andrés Martínez Arrieta –ponente y presidente en esta ocasión–, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco y Ángel Luis Hurtado Adrián conforman el tribunal de la Sala Segunda del Supremo que hoy se reúne para resolver sobre el recurso anunciado por la Fiscalía de Ourense – y asumido, después, por la Fiscalía del alto tribunal– contra la absolución de la ‘Zamburiña’, una causa de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que desató un terremoto en la comisaría provincial de Ourense en 2015. Están encausados cuatro policías nacionales de la demarcación –el antiguo jefe del grupo antidroga de entonces, entre ellos– y nueve presuntos traficantes. La principal implicada, Josefa P. G., alias Pucha, falleció el pasado mes de noviembre.

La revisión de la causa llega dos años después de la celebración del juicio, en la Audiencia Provincial. Las “conjeturas” de la Unidad de Asuntos Internos tras la llegada en 2014 de un anónimo sobre supuesta corrupción en la comisaría de la Policía Nacional de Ourense no bastaban para acordar las escuchas, y el juez instructor fue “acrítico”, según concluyeron los magistrados de Ourense en la sentencia. Antes, tras estudiar las cuestiones previas de las defensas, declararon la nulidad de las escuchas y, en consecuencia, de todas las pruebas que se obtuvieron con los ‘pinchazos’ telefónicos, incluidos varios kilos de droga.

La vista se celebró en un formato mucho más breve y reducido del inicialmente previsto, tras quedar vacía de contenido. La investigación había resultado “insuficiente” y los agentes de Asuntos Internos “omitieron” datos al magistrado. “La absoluta falta de pruebas” por la nulidad de los ‘pinchazos’, registros y confesiones dio lugar a la absolución colectiva, motivó la Audiencia Provincial en su sentencia.

Así se resolvía, en primera instancia, el caso que hizo temblar la comisaría, uno de los que marcaron años de crisis sin precedentes: en otro procedimiento, aún en instrucción, una jueza mantiene investigados desde 2016 a los policías gemelos por la muerte de un agente de un tiro, con una de las armas robadas del búnker de la comisaría en agosto de 2014.

En noviembre de ese año, Asuntos Internos recibió un anónimo que relacionaba una supuesta trama corrupta entre policías y traficantes con la desaparición de las armas. La investigación de Asuntos Internos fue “absolutamente insuficiente para comprobar la credibilidad y verosimilitud del anónimo, y no proporcionaron al instructor una información plena”, sino “parcial”, omitiendo datos “que en sí se descubrían como inverosímiles”, dijo la Audiencia. Desde Asuntos Internos “pidieron del instructor un acto de fe ciega, porque ninguna de las investigaciones que se dicen realizadas tienen constatación objetiva”.

La Audiencia, en su análisis de la ‘Zamburiña’, no entró en el fondo del asunto –el trapicheo y una presunta protección policial, que los agentes encausados han negado desde el principio–, sino en la forma. El tribunal cree que se vulneraron derechos fundamentales y que los indicios de la causa, tanto las audiciones telefónicas, como la incautación de estupefacientes e incluso las confesiones de algunos implicados, estaban viciados por la escucha inicial declarada nula.

En el anuncio de recurso, la fiscal del caso subrayó cuatro causas para la casación: por “infracción de preceptos constitucionales y arbitrariedad”, por una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, así como por un quebrantamiento de forma. El ministerio público quiere que el Supremo revoque la nulidad y, en la práctica, acuerde un nuevo juicio sobre la ‘Zamburiña’ con la celebración de toda la prueba que fue aceptada en su momento. Pide penas que suman más de 100 años para los 13 encausados.

La presunta protección policial

La Fiscalía de Ourense sostiene que los cuatro policías de la anterior unidad de estupefacientes ofrecían una “colaboración simbiótica”, protección y “cobertura” a sus informantes, “favoreciendo” presuntamente su actividad de narcotráfico, a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones sin esfuerzo. Así, “eliminando a la competencia” de sus confidentes, frustrando con detenciones los alijos de otros, los agentes conseguían “crédito” y “reconocimiento” profesional.