El primer día de huelga indefinida de los letrados aplaza más de 100 actos judiciales en la provincia

Tras las cuatro jornadas de paro puntual en noviembre y diciembre, el de este martes fue el primer día de la huelga indefinida de los letrados de la administración de justicia, que mantienen un conflicto con el Ministerio de Justicia porque demandan el cumplimiento de una serie de reclamaciones de índole salarial, en materia de derechos laborales y sobre la carrera profesional.

El impacto en la provincia de Ourense de esta huelga de alcance nacional supuso la suspensión de más de un centenar de actos judiciales, entre vistas y declaraciones en las distintas jurisdicciones.

En la ciudad, dos de los cuatro juzgados de lo Social aplazaron los juicios previstos; en el Penal 2 se suspendieron los cinco que estaban programados, y en el Penal 1 se celebraron tres vistas y se suspendieron otras tres, de violencia de género, que sí es una materia de servicios mínimos en instrucción.

Una valoración "positiva" de los convocantes

Según José Luis Roig, letrado del Social 3 y representante en Ourense del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la primera jornada de paro “se valora de forma muy positiva. Había muchos compañeros de permiso, que esperamos que se unan también, y los servicios mínimos fueron del 30%, pero casi todos la secundaron”.

Según datos facilitados por Marcos González, secretario coordinador provincial, estaban convocados a la huelga un total de 29 letrados judiciales, de los que 12 habían sido designados para ejercer los servicios mínimos obligatorios, si bien 11 de estos profesionales mostraron su apoyo a la causa, aun teniendo que trabajar.

Al margen de esta docena de profesionales, 6 letrados secundaron la huelga de una manera expresa, 4 decidieron no hacerla, y 7 profesionales más se encontraban de vacaciones o con permisos.

Son materias de servicios mínimos las causas con preso, los casos de violencia de género en el juzgado de instrucción, las medidas cautelares, las actuaciones con menores de edad o con personas que tienen la capacidad modificada judicialmente, así como las guardias.