Una multa de 1,18 millones más 2 años de prisión por un fraude de casi 400.000 euros

Dos años de prisión y una multa de 1,178 millones de euros por un delito contra la Seguridad Social (el triple de la cantidad defraudada). Es el acuerdo que ha aceptado un empresario del sector de la pizarra –se dedicó a esa actividad entre los años 2013 y 2019– que cometió un fraude por un total de 392.805,4 euros a la Seguridad Social, por los impagos de las cotizaciones de sus trabajadores a través de tres sociedades limitadas con las que intentaba eludir las deudas.

El encausado fue a juicio ayer en la Audiencia Provincial de Ourense, reconoció los hechos y aceptó un acuerdo de conformidad que supone una rebaja de la pena con respecto a los 5 años de prisión más una multa de 1.571.221,6 euros –el cuádruple de la cantidad defraudada– que la Fiscalía solicitaba inicialmente. La condena conlleva la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 8 años.

El pizarrero acusado encadenaba sucesivas altas y bajas de sus trabajadores en tres diferentes entidades limitadas de las que fue el único propietario y titular en exclusiva del poder de dirección en dichas entidades, ya que desempeñaba el cargo de administrador único.

Según recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, que se da por acreditado con el acuerdo de conformidad, cuando se acumulaban los impagos, el encausado formalizaba una nueva sociedad limpia de deudas, y aparentemente desvinculada de la anterior, trasvasando a la plantilla y llevando a cabo sucesivas altas y bajas de sus trabajadores en las diferentes SL.

“La sucesión de empresas orquestada con las altas y bajas sistemáticas de trabajadores, trasvasándolos entre las sucesivas empresas, era el mecanismo empleado para dificultar el cobro de las cuotas de la Seguridad Social por parte de la Tesorería General, y para eludir en suma el pago de dichas cuotas a que venía obligado”. El acusado eludía el pago de las cuotas a la Seguridad Social, “pese a detraer la cuantía correspondiente de las nóminas de sus trabajadores”.