La plataforma “Por un Monte Galego con Futuro” presentó una denuncia en agosto culpando a la Xunta por falta de medios, personal y prevención. En julio y agosto, las llamas arrasaron casi 30.000 hectáreas en la provincia de Ourense, así como decenas de casas y espacios protegidos. La Fiscalía abrió diligencias para dilucidar si la Xunta, como directora de la extinción, pudo incurrir en alguna responsabilidad legal. La plataforma aseguraba ayer que el ministerio público mantiene abiertas unas diligencias que “buscan responsabilidades administrativas de la Xunta, pero no descartan la vía penal”. Medio Rural reitera que el servicio de prevención de incendios “actuó con la máxima diligencia en todos y cada uno de los incendios de este verano”.
