La reforma laboral se aprobó por un voto. Un escenario nada baladí cuando ese voto fue por error de un diputado del PP y desde entonces los contratos indefinidos no han parado de crecer. El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, cumple seis meses desde su entrada en vigor de forma plena, el 31 de marzo, después de dar un plazo transitorio a las empresas y el tejido industrial para que se adecuaran a algunos preceptos que establece la norma con rango de ley en relación a la contratación eventual.
La reforma laboral constata la tendencia de que las relaciones con vinculación permanente alcanzan números históricos en la provincia, acostumbrada a los contratos temporales.
Los indefinidos triplican en la mayoría de casos (e incluso cuadriplican) a los de años anteriores. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en lo que va de 2022, hasta agosto, se firmaron 15.139 contratos indefinidos, por los 4.821 que se firmaron en 2021 y los 3.927 que se formalizaron en 2020 hasta el mes de agosto. La comparativa muestra las repercusiones laborales de una reforma que apuesta por la vinculación permanente como esencia de las relaciones laborales y es que los números indican que se triplican los contratos indefinidos con respecto a 2021 y casi se cuadriplican en relación a 2020. Con la vista puesta en ejercicios anteriores a estos, la realidad es la misma, el dato más alto de contratos indefinidos en los últimos 8 años fue en 2018 cuando se firmaron 5.635 hasta el mes de agosto.
Y las estadísticas indican que nunca antes se habían firmado tantos trabajos indefinidos. El acumulado de este ejercicio supone 10.327 contratos más que en 2021, 11.212 más que en 2020, 9.986 más que 2019 y 9.504 más que 2018.
En el otro lado, en el de las relaciones contractuales temporales, desde la reforma laboral se han reducido significativamente ya que en este 2022 hay acumulados 29.933 temporales, por los 41.687 de 2021, los 33.997 de 2020, los 49.815 de 2019 y los 48.649 de 2018.
Al reducirse el número de contratos temporales y esas relaciones laborales eventuales por diferentes razones motivadas, también se reduce el volumen de contratos acumulados hasta agosto. En 2022 hay en la provincia de Ourense, un total de 45.072, pero en los periodos anteriores son superiores como en 2021 cuando se firmaron 46.499, en 2019 con 54.968 y en 2018 con 54.264. Se excluye 2020 por ser un año anómalo en cuanto estadísticas laborales se refiere por la irrupción y explosión de la pandemia del coronavirus que puso en jaque a toda la economía mundial y, en particular, a la ourensana.
Economistas
La visión económica la pone Carmen Sampayo, presidenta del Colegio de Economistas de Ourense, dice que “todavía es pronto para valorar el resultado final de la reforma laboral. En principio, los datos de la contratación parecían positivos: aumento de contratos indefinidos reducción de la contratación temporal, un descenso de la tasa de temporalidad del stock de trabajadores , incremento de los empleos STEM. Sin embargo la tendencia en los últimos meses parece que es otra : aumento de la temporalidad con respecto a los inicios de la entrada en vigor de la reforma y un frenazo en la contratación indefinida puesto que la variación mensual es negativa”.
Y añade que “además, se advierte un incremento considerable tanto de abandonos voluntarios y de las bajas por no superar el período de prueba , lo cual era previsible. Es decir, se observa una utilización del periodo de prueba del contrato indefinido como una modalidad de contrato temporal, lo cual es perjudicial para el trabajador porque no, se genera ningún derecho a ser compensado si la extinción de la relación laboral se produce durante el periodo de prueba”.
La economista y la presidenta de los economistas ourensanos pone el foco también en el número de horas trabajadas que “continúa en niveles prepandemia y no se constata un incremento de la productividad”. Y finaliza diciendo que “además, la tasa de desempleo, aunque ha descendido, sigue siendo elevada, aumentando la brecha para los desempleados de larga duración”.
Sindicatos
En la misma línea que Carmen Sampayo, responden desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) que argumentan que “a nosa postura foi crítica no seu momento e segue sendo crítica porque o único que fixeron foi cambiar o nome da precariedade. Acabaron cos contratos de obra e servizo e puxeron en alza os fixos discontinuos que teñen un salario parcial e en certas partes do ano, non teñen retribucións polo que incluso algúns se teñen que buscar un traballo adicional se non teñen paro para eses meses do ano”. Paco Sío, secretario confederal de Negociación Colectiva, Empredo e Industria da CIG, dice que “vemos como agora hai unha nova modalidade de contratación, derivada da reforma laboral que é que a décima parte dos contratos indefinidos que se firman non pasan do periodo de proba estipulado. Esto úsese para esconder despidos e fomentar un mercado de temporalidade que hai no traballo parcial”. Y añade que “máis do 60% dos traballadores que firman contratos indefinidos son indefinidos a tempo parcial ou contratos de fixos discontinuos”.
La CIG se muestra disconforme con una decisión política del gobierno estatal que pasó de derogar la antigua reforma laboral a “parchearla manteniendo la precariedad y la temporalidad laboral pero con otro nombre”.
Desde la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) dicen que “se pretendía con esta modificación atajar la temporalidad, los números hablan y la tendencia es ésa, pero a las empresas las ha obligado a realizar previsiones de contratación en unas condiciones que no son estables para ellas y en medio de un escenario convulso e incierto. Por eso tampoco es el momento ahora de alargar en el tiempo conflictos laborales o acometer más reformas mientras la situación no regrese a una estabilidad tal que genere nuevamente la confianza de mercados, empresas, inversores y consumidores en general”.
