Solo una semana después de que un juzgado de Santiago archivase la pieza de la Operación Pokémon en la que permanecía investigado el exregidor compostelano Gerardo Conde Roa, la macrocausa abierta por la jueza Pilar de Lara ha recibido un nuevo revés al conocerse el archivo de otra de las piezas separadas, la que investigaba por tráfico de influencias al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez.
En concreto, fue el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad el que dio carpetazo a esta pieza, una solicitud que realizó, a su vez, la Fiscalía, única acusación personada.
La pieza derivaba de la macrocausa Pokémon, abierta en el año 2012 para investigar una supuesta trama de tráfico de influencias y corrupción en distintos ayuntamientos gallegos por la jueza Pilar de Lara --apartada posteriormente del juzgado de Instrucción 1 de Lugo por una sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones--.
En la pieza archivada figuraban como investigados el excalcalde de Ourense Francisco Rodríguez y su pareja, así como el entonces secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro, el que fuera jefe en Galicia de Aquagest, Henry Laíño, y la pareja de este. Se analizaba la posible comisión de un delito de tráfico de influencias en relación a la adjudicación de contratos a la empresa Aquagest, así como presuntas irregularidades en la emisión de informes favorables a las concesiones.
El juez: "Tampoco consta acreditado ningún pago directo o indirecto"
No obstante, el juzgado ourensano, en concordancia con lo defendido por el Ministerio Público, considera que la instrucción realizada por De Lara "solo alcanza a mostrar sospechas o indicios preliminares derivados" de las escuchas telefónicas, elementos que "carecen de peso suficiente" para "la continuación de la causa".
En este sentido, hace mención a que "no se ha concedido a los investigados la posibilidad de reconocer o contrastar" las escuchas telefónicas, "habiendo transcurrido ampliamente el periodo de instrucción, sin que sea posible la práctica de nuevas diligencias".
En el caso del que era secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro, "tampoco consta acreditado ningún pago directo o indirecto" por "la emisión de informes a favor", "no constituyendo indicio delictivo determinante el abono de dos viajes por parte de Aquagest a Málaga y Barcelona, que se remontan al año 2007", recoge el auto.
