El bipartito DO-PP en el Concello de Ourense sacaba adelante, el pasado 8 de junio, 18 modificaciones de crédito que sumaban una inversión de 50 millones para diferentes cumplimientos de gastos e inversiones del Consistorio, como por ejemplo, pago de facturas atrasadas, convenios con entidades sociales, reformas de parques, inversión en educación o termalismo y un largo ecétera. En aquel entonces el voto del edil Luís Seara fue decisivo para otorgar efectividad a unos créditos que después fueron alegados por el PSOE ourensano en siete de sus partidas presupuestarias al entender que hay “falta de información” y de “justificación”.
En concreto, los socialistas enmendaron siete partidas en materia de Medio Ambiente, Artes y Festejos, Termalismo y Turismo, Educación, Promoción Económica, Seguridad Ciudadana y Publicidad al entender que “nos apoyamos en un informe negativo del Interventor que señala que las partidas de gasto no están justificadas en algunos aspectos y que, por lo tanto, no podemos votar a favor de esto”.
LAS ALEGACIONES DEL PSOE
5P/2022 - Medio Ambiente - 2.750.000 euros (Desestimada)
6P/2022 - Artes y Festejos - 960.000 euros (Desestimada)
8P/2022 - Seguridad Ciudadana - 1.710.366 euros (Desestimada)
10P/2022 - Turismo y Termalismo - 445.000 euros (Desestimada)
11P/2022 - Educación - 450.000 euros (Estimada)
12P/2022 - Publicidad - 550.000 euros (Desestimada)
13P/2022 - P. Económica - 1.400.000 euros (Desestimada)
El portavoz socialista enumeró las modificaciones a las que habían presentado alegaciones diciendo que eran “gastos ambiguos” en algunas partidas como por ejemplo la publicidad en Promoción Económica (150.000 euros) o en la misma concejalía la partida de estudios técnicos (100.000 euros). Rafael Villarino señaló la falta de concrección en algunos apartados que se aprobaron en junio y dijo que “estamos aquí para hacer las cosas bien, no aquellas que se hacen en el último minuto y mal. Es algo inasumible que quieran apoyar este tipo de modificaciones sin especificaciones concretas”.
Mientras la oposición se basaba en las apreciaciones del Interventor, el gobierno bipartito lo hacía en un informe del Coordinador General, Francisco Cacharro, que desestimaba las alegaciones porque no se cumplía ningún requisito del artículo 170 de las Haciendas locales, que determina que solamente se puede reclamar contra el presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, por la omisión de crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles o por ser los ingresos insuficientes con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. Esto mismo fue expuesto por la edil de Facenda, Ana Morenza (PP), que comentó que “la descripción de los conceptos es suficiente ya que se identifica de forma específica en los gastos”.
Todas las alegaciones fueron desestimadas con los votos favorables de DO, PP, Ciudadanos y Laureano Bermejo (no adscrito), excepto la relativa a cursos y talleres de formación (300.000 euros) en la cartera de Educación. Asimismo el BNG también votó en contra en la Promoción Económica pero fu insuficiente para hacer que los votos de la oposición fueran más que los del gobierno municipal, Laureano Bermejo y Ciudadanos.
La estimación
La única estimación a las alegaciones que se produjeron fue la relativa a los cursos de formación que quiere dar el regidor ourensano en las academias ourensanas, suprimiendo la UPO y reformulando su modelo.
A este respecto, el PSOE, los no adscritos, el BNG y Ciudadanos consiguieron la mayoría para privar al gobierno municipal de 450.000 euros, destinados a talleres municipales y obradoiros al entender que era un servicio que estaba dando la UPO (y que siempre defendieron a la entidad) y además que “no había justificación” para esos cursos ni cómo se iban a desarrollar, en un intento de dar una “última oportunidada a la UPO”.
El regidor ourensano tachó de “torpes” a la oposición y afeó su voto alegando que “están en contra de talleres de formación o cursos, pero también lo estarían en caso de que retomaramos la UPO. Son ustedes los culpables”. Un giro del alcalde que rechazaron los detractores, como Pepe Araújo, de Ciudadanos, o Luís Seara, del BNG, alabando el trabajo y el modelo de la UPO durante los últimos años.
Los 62 millones, en el limbo
Jácome está “casi seguro” de que apelando la denuncia presentada por el PSOE a la macromodificación de los 62 millones hará que dichas partidas puedan ser ejecutivas, aunque los magistrados determinan que puede caer el fallo en uno u otro sentido. Desde el PSOE, el portavoz municipal Rafael Villarino, señaló en la sesión plenaria extraordinaria que “pediremos la ejecución provisional de esa sentencia, que nos da la razón en este sentido”. Y además no descartó la vía judicial para poder llevar las alegaciones desestimadas ayer en la sesión al juzgado.
Las partidas que fueron desestimadas, fueron aprobadas definitivamente ayer en la misma sesión y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia para que adquieran carácter ejecutivo.
