J. L. F. A. recibe la tercera sentencia desfavorable, y es la final: el Tribunal Supremo desestima su recurso de casación –no acepta ninguno de los diez motivos planteados– y confirma la condena de 4 años de cárcel impuesta en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial –y ratificada por el TSXG en la fase de apelación, en junio de 2020–, como responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida.
Fue director de una sucursal bancaria en Entrimo entre 1998 y 2015 y se apoderó de 1,5 millones de euros de fondos de clientes, un importe que restituyó la entidad financiera, acusación particular en esta causa.
La sentencia confirmada por el TSXG y el alto tribunal fija la obligación de indemnizar a la entidad bancaria con 1.494.249 euros –el importe que la compañía devolvió a los clientes–, mientras que a uno de los perjudicados el encausado tendrá que pagarle 31.000 euros.
Hizo disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes sin el consentimiento ni la autorización, se apoderó de cantidades entregadas en efectivo por los particulares que no fueron registradas en sus cuentas, y realizó pagos de extratipos por los fondos depositados, al margen de los contabilizados por la entidad bancaria.
El acusado les entregaba como soporte documental de su inversión o depósitos cartillas originales de la entidad bancaria en las que realizaba, valiéndose de una máquina de escribir, diferentes apuntes contables de la inversión inicial y el posterior abono de intereses.
Estas libretas reflejaban datos que no coincidían con la contabilidad del banco. Además, expidió boletas selladas justificativas de la comercialización de productos de inversión o de ingresos bancarios efectuados por clientes que no se correspondían con la realidad de las situaciones registradas en el banco. Algunos estafados residían en Portugal.
“Tenía presiones de mis jefes para cumplir ciertos objetivos. No vendí nunca productos falsos. Nunca me apropié de dinero de otros”, defendió él en el juicio, en Ourense en septiembre de 2019. Pero las pruebas lo delatan y sus recursos, desestimados por TSXG y Supremo, no evitan su condena a prisión.
