Él tenía una academia y cometió un fraude continuado para percibir ayudas públicas para cursos de formación; ella, funcionaria de la Xunta, compulsaba los documentos al tener sello propio.
Los dos encausados acudieron a juicio a la Audiencia Provincial, este lunes, y se conformaron con una condena de 2 años de prisión –sin efectos, en principio– y 540 euros de multa. La sentencia acordada entre las partes, y a la que los acusados dan el visto bueno, incluye el pago de una indemnización de 674.000 euros por los delitos continuados de estafa y de falsificación de documento oficial; él como autor directo y ella en calidad de cooperadora necesaria.
Algo más de medio millón de euros es la cuantía defraudada a Xunta –sobre todo–, Diputación y Concello, mientras que el importe restante corresponde a los intereses legales. El procedimiento ha llegado a juicio tras años de retraso. La Fiscalía admite la existencia de una atenuante cualificada de dilaciones indebidas.
En abril de 2017, la comisaría de Ourense de la Policía Nacional anunciaba esta operación y comunicaba que cinco personas habían sido detenidas y otras dos investigadas. Solo la expareja ha llegado a la fase de juicio. El centro de formación ya estaba cerrado cuando se realizaron las detenciones. Los agentes habían comenzado con esta investigación en 2015, a partir de una denuncia anónima. El juzgado mantuvo la causa bajo secreto de actuaciones durante meses.
Los dos acusados se acogieron a su derecho a no declarar, en el paso a disposición judicial, y en el juicio dieron el visto bueno a la conformidad, lo que hizo innecesaria la celebración del juicio.
El periodo que analiza esta causa se sitúa entre los años 2005 y 2012, cuando ambos implicados estaban casados. El varón se encargaba de la organización de varios cursos de formación en su academia, para los que solicitaba subvenciones.
Recibió 506.113,60 euros entre las aportaciones efectuadas por la Xunta –un total de 463.413.60 euros–, la Diputación –34.000– y el Concello de Ourense (8.700 euros).
Para aparentar que cumplía con los requisitos y justificar gastos, el hombre aportó facturas falsas de material didáctico, que no tenían nada que ver con el material realmente utilizado y entregado a los alumnos, justificaciones fraudulentas de pagos no realizados a docentes y colaboradores, recibos elaborados de transferencias bancarias, que no se corresponden con los movimientos reales en las cuentas, así como facturas elaboradas de supuestos pagos de alquiler de locales y de gastos de asesoramiento.
Además, el acusado llevó a cabo contrataciones fraudulentas de alumnos una vez finalizados los cursos. No acudían a trabajar al centro, sino que solo firmaban los contratos y las nóminas que el encausado necesitaba para aportar en las justificaciones. Según queda probado con la conformidad, los alumnos no tenían ni siquiera conocimiento de figurar en los cursos ni después como contratados.
Por su parte, para dar veracidad a toda la documentación fraudulenta aportada a los expedientes de solicitud de subvenciones, la acusada se prevalió de su puesto de trabajo de responsabilidad en el edificio administrativo de la Xunta. Disponía de un sello propio y personalizado y se ocupaba de la compulsa de la documentación, pese a no corresponder el trámite de subvenciones vinculadas a la formación a los cometidos propios de su sección.
Una vez dado el visto bueno por parte de la mujer, los papeles pasaban a ser válidos y auténticos a todos los efectos legales, por lo que se obtenía el propósito ilícito.
