Piden que una pareja acusada de estafa abone medio millón a Xunta, Diputación y Concello

La Audiencia Provincial de Ourense ha programado para este próximo lunes el juicio contra un matrimonio acusado de presuntos delitos continuados de estafa y de falsificación de documento oficial –él como presunto autor directo y ella en calidad de cooperadora necesaria–, unos hechos relacionados con los trámites de ayudas públicas para la organización de cursos de formación.

La Fiscalía, que reconoce la atenuante cualificada de dilaciones indebidas por el retraso en la tramitación de esta causa, solicita una condena de 2 años de prisión, más una multa de 540 euros para cada uno, así como el pago entre los dos de indemnizaciones que suman medio millón de euros para las administraciones que aportaron subvenciones: la Xunta –un total de 463.413.60 euros–, la Diputación –34.000– y el Concello de Ourense –8.700 euros–.

El periodo que analiza la justicia se sitúa entre los años 2005 y 2012, cuando ambos estaban casados. El varón se encargaba de la organización de varios cursos de formación, para los que solicitaba subvenciones, recibiendo un total de 506.113,60 euros entre las aportaciones efectuadas por la Xunta, la Diputación y el Concello.

La Fiscalía sostiene que el encausado, “para poder convencer que cumplía con los requisitos y justificar gastos”, presuntamente aportó facturas falsas de material didáctico, justificaciones fraudulentas de pagos no realizados a docentes y colaboradores, recibos elaborados de transferencias bancarias, facturas elaboradas de supuestos pagos de alquiler de locales y de gastos de asesoramiento, así como supuestas contrataciones fraudulentas de alumnos una vez finalizados los cursos, sin que ellos presuntamente lo supieran.

Según la Fiscalía, la mujer aprovechó presuntamente su trabajo en la administración para compulsar los documentos, porque disponía de sello propio. Una vez compulsada la documentación, pasaba a ser válida y auténtica a todos los efectos legales, “obteniendo el propósito ilícito perseguido”, asegura la Fiscalía.