La Fiscalía acusa a una mujer que dirigía una vivienda comunitaria para mayores en la provincia de Ourense de tres delitos: contra la integridad moral –solicita un año de prisión–, apropiación indebida –pide la misma pena– e insolvencia punible –se expone a otros dos años–.
El ministerio público mantuvo su acusación en el juicio, celebrado esta semana en el Penal 1. La acusa de descuidar a dos ancianas y de apropiarse de diversas cantidades de dinero. La trabajadora niega los hechos y defiende que es inocente.
La defensa afirma que sí las cuidaba y que una entidad bancaria certificó que hubo retiradas en la oficina por parte de una de las mayores, con su firma. “Durante más de 30 años, pandemia incluida, ha cuidado de personas mayores y nunca hubo una queja. Ha quedado acreditado”, asegura el abogado.
El relato de hechos que la Fiscalía ha mantenido, sin modificaciones, tras la práctica de las pruebas en el juicio, señala que una de las ancianas ingresó en febrero de 2012 en la vivienda comunitaria y la otra, en 2014. Tras un periodo de tiempo, la acusada trasladó a las dos residentes a su domicilio particular, en Ourense.
Según la Fiscalía, a partir de ese momento “dejó de prestar a ambas los cuidados que requerían y habían sido contratados”, algo que la encausada niega. Pero el ministerio público sostiene que dejaba a las mujeres solas en la vivienda desde las 14.30 horas, cuando la acusada se iba a la vivienda comunitaria a trabajar, hasta que a las 20 horas acudía una persona al piso para acostar a una de las ancianas. Cuando no había nadie se ocupaba la otra mayor, dice la Fiscalía.
“A causa de esta continua falta de cuidados”, las dos tuvieron que ingresar en el hospital. Una de ellas tenía una necrosis en la región sacra. La acusación cree que se debía a la falta de cambios posturales y de la atención necesaria.
Tras los ingresos en el CHUO y tras pedir una de las mujeres a la trabajadora social que le gestionase el acceso a otra residencia o vivienda, se investigó y se averiguó, según la Fiscalía, que la acusada se había apropiado de dinero de ambas retirándolo en oficinas y cajeros, además de usar presuntamente para pagos y cobros la cuenta de una de las mujeres, para eludir embargos y controles ante la situación concursal de su geriátrico.
