En la causa contra el exalcalde Manuel Cabezas, que suena con fuerza como posible candidato del PP a la Alcaldía en 2023 –trataría de volver a gobernar la tercera ciudad de Galicia 16 años después de dejar el cargo y con el beneplácito de Baltar–, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido desistir del recurso de casación que había anunciado la fiscal delegada de Urbanismo en Ourense, Carmen Eiró, después de que la Audiencia Provincial absolviera, el 31 de enero, al exregidor y al exedil Ricardo Campo Labrador en el caso del 10%.

Distintas fuentes del procedimiento confirman este paso del ministerio público, que deja la vía de la casación solo en manos de la acusación popular, que ejerce la exedil socialista Áurea Soto, que denunció en 2014.

Cabezas y Campo Labrador fueron juzgados a principios de este año, por unos hechos de hace dos décadas. Estaban acusados de presuntos delitos continuados de prevaricación y de malversación en el caso del 10%: aprobaron en comisiones de gobierno, entre 1997 y 2002, 15 proyectos de promotores privados a los que se les permitió el 100% de aprovechamiento del suelo.

La Audiencia Provincial de Ourense exculpó a los dos expolíticos, que se enfrentaban a peticiones de ingreso efectivo en prisión y a indemnizaciones millonarias. “No cabe concluir que los acusados fuesen conscientes del carácter arbitrario, injusto o ilegal”, dijo la sala.

“Siempre se propone la aprobación del proyecto presentado, por lo que tal actuación administrativa del órgano decisor, del que formaban parte los acusados, no puede calificarse, como exige la jurisprudencia, como clamorosamente arbitraria”, indicó la sentencia absolutoria.

Pocos días después, Soto anunció su recurso. La exedil consideraba que, pese a la exculpación de los acusados, “los hechos probados dejan claro que en Ourense no se cumplió la ley durante 12 años”.

“Mi obsesión no es Manuel Cabezas”, aseguró la exedil del PSOE Áurea Soto durante su declaración en el juicio, sino poner fin a la posibilidad de que promotores se quedaran con el 100% del aprovechamiento del suelo. “La presión para que se mantuviera fue enorme”, aseguró la exconcejala.

Áurea Soto, detrás de Cabezas, durante el juicio. INAKI OSORIO

La fiscal Eiró anunció recurso días después, y presentó un escrito en la Audiencia. Finalmente, la Fiscalía del Supremo no ve razones para proseguir. Fuentes judiciales recuerdan que “es muy difícil levantar una sentencia absolutoria”.