La sala de la Audiencia Provincial de Ourense dictó sentencia para los dos hombres que supuestamente asesinaron a un interno del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar y les impone dos penas de 21 y 20 años de prisión, más una indemnización de 25.000 euros por el asesinato y devolver lo sustraído que casi alcanza los 23.000 euros.
Los sospechosos, F.J.G.H y O.G.L., fueron condenados por un delito de asesinato y otro de estafa continuada y, respecto a uno de ellos, se tuvo en cuenta la atenuante de colaboración, pues facilitó de manera voluntaria la localización del cadáver a los agentes policiales.
En la sentencia, que va en el mismo sentido culpatorio que el veredicto del jurado popular, se indica que la víctima, el 11 de agosto de 2018, salió de la prisión para disfrutar de un permiso penitenciario y se dirigió, como era habitual, a una explotación agraria donde ese día se encontraban los dos acusados, quienes, siguiendo el plan que habían convenido, la golpearon “con un objeto contundente en la cabeza hasta ocasionarle la muerte”. Después, trasladaron el cuerpo del fallecido hasta una finca situada propiedad de la familia de uno de los condenados, donde ocultaron el cadáver.
Hechos probados
Tras asesinarlo, según consideró probado el tribunal del jurado, los acusados se apropiaron de sus tarjetas de débito y de prepago mediante las cuales efectuaron sustracciones de dinero hasta alcanzar un total de 22.490 euros en diferentes provincias de España, como por ejemplo Pontevedra y Burgos.
En la sentencia, el magistrado presidente indica que el tribunal del jurado ha tenido en cuenta “el resultado de posicionamiento de los teléfonos móviles, a través de sistema de geolocalización, la agresión previa a la víctima por parte de los acusados a finales de julio de 2018, la señalización del lugar de enterramiento por parte de uno de los acusados y la constatación de retirada bancaria de efectivo propiedad del fallecido por parte de ambos acusados”.
En el fundamento de los hechos de la sentencia, se destaca, sobre la posición de los teléfonos, que “resulta muy ilustrativa la exhaustiva exposición de un agente sobre la red de datos, a través de las antenas repetidoras y egis obtenidos de los operadores telefónicos en las zonas examinadas. [...] Tal análisis posicional donde se reflejan que se encontraba acompañado de los dos acusados en ese horario, desvirtúa la tesis contradictoria mantenida por los ingenieros agrícolas propuestos por la defensa”.
La agresión que sufrió el asesinado y las periciales practicadas al respecto fue otro de los puntos clave para el jurado popular, donde “dicha circunstancia obtiene su convicción después de que el asesinado recibiera un golpe en la granja, después de que uno de ellos le mandara a por una rebarbadora y el otro, ahora condenado, le estuviera esperando para descargarle un impacto con una barra de hierro, que finalmente logró esquivar”.
Además, también destacan como hecho esencial que los acusados enseñasen a los agentes de la Guardia Civil el lugar del enterramiento del cadáver, un lugar “difícilmente accesible y al que los dirige de noche y con intensa niebla, lo que evidencia que lo conocía previamente”.
Penas e indemnización
La Audiencia Provincial de Ourense condena a uno de ellos a 19 años de prisión por un delito de asesinato y otros dos más por un delito continuado de estafa. A otro de ellos, los magistrados le imponen una pena de 17 años de prisión, con un atenuante de colaboración, y también a tres años de cárcel por de delito de estafa continuada. En total, 21 y 20 años de prisión por asesinar a otro interno del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar por una herencia.
Además, la Audiencia Provincial absuelve a ambos condenados del delito de robo con intimidación del que eran acusados por la acusación particular, declarándose de oficio la tercera parte de las costas procesales.
En términos de responsabilidad civil, los condenados deberán satisfacer solidariamente la cantidad de 25.000 euros a título de indemnización por fallecimiento al hermano de la víctima y en la cantidad de 22.490 euros por perjuicios materiales.
El fallo judicial pone fin a la denominada Operación Avaro (nombre con el que bautizaron la investigación los agentes de la Guardia Civil) después de analizar la desaparición del preso F.I.E. que resultó asesinado por F.J.G.H y O.G.L.
Las “mentiras” detectadas por uno de los condenados abrió una investigación que determinó que ambos “realizaron un plan para matarlo y apropiarse del dinero que recibió de una herencia familiar”.
