“Urdieron un plan para acabar con su vida y apropiarse del dinero que había heredado”. Con una mayoría mínima de 7 votos de un total de 9, el tribunal del jurado considera probado este punto y, por tanto, sostiene que Francisco Javier G. H. y Óscar G. L. asesinaron en agosto de 2018, durante un permiso de salida, al preso Fernando Iglesias Espiño, un triple homicida al que le quedaban un par de años para saldar una condena por el crimen de su mujer y sus dos hijos –cometido en Gran Canaria en 1996–, para robarle 22.490 euros del dinero que había recibido de la herencia.

El tribunal de ciudadanos llegó por unanimidad a la convicción de que los dos hombres son responsables de la estafa del dinero mientras que, sobre el asesinato, 8 ven culpable a Francisco y 7 a Óscar.

Después del veredicto, conocido este jueves tras un día y medio de deliberación que siguió a cinco sesiones de juicio, los dos encausados se enfrentan a una petición de condena por parte de la fiscal Sonia Rodríguez de 22 y 23 años de cárcel, por los delitos de asesinato –20 años– y de estafa continuada –2 y 3 años, respectivamente–. Óscar ya fue condenado por este último delito, en 2016, por la Audiencia de Gijón, y pesa sobre él una agravante.

Recurrirán al TSXG

Las defensas, que ayer confirmaron que recurrirán en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), solicitan las penas mínimas. La abogada de Francisco, Ángeles Bernárdez, pide 15 años por asesinato y 6 meses por estafa.

Valentín Blanco, el letrado de Óscar, propone la misma pena por la estafa –el encausado es reincidente pero admitió las retiradas en su interrogatorio–, y entre 7,5 y 15 años por el delito de asesinato. Pone en valor su colaboración, clave: desveló a la Policía Judicial de la Guardia Civil el lugar en el que estaba enterrado el cadáver de la víctima. El letrado ve una atenuante completa. Los encausados llevan tres años y medio en prisión provisional y las defensas recuerdan que debe tenerse en cuenta para descontar.

Los defensores, Valentín Blanco y Ángeles Bernárdez, tras la lectura del veredicto. INAKI OSORIO

La Fiscalía solicita que los dos encausados indemnicen con 40.000 euros al hermano de la víctima –el único familiar próximo que le quedaba–, además de con los 22.490 euros que se apropiaron de la herencia. Las defensas difieren en la cuantía. La de Francisco la cifra en unos 8.000 euros, porque subraya que Espiño había gastado ya por su cuenta más de 6.300 euros. El abogado de Óscar se basa en la declaración de un guardia que atribuyó al acusado una docena de operaciones. Resarcirlas serían 5.340 euros, según sostiene este abogado.

Los hechos probados

Según el jurado ve acreditado por unanimidad, debido al interrogatorio de los encausados, la información del atestado y las manifestaciones de testigos, los acusados conocieron a su víctima cuando coincidieron en el centro penitenciario de Pereiro, llegando a entablar cierta amistad. Cuando Fernando tenía un permiso, acudía a la granja que el acusado Francisco gestionaba en una aldea de Maside, donde hacía trabajos esporádicos a cambio de comida y cama.

Los dos encausados, durante la lectura del veredicto. INAKI OSORIO

Los dos encausados, según criterio de 7 de los 9 jurados, tuvieron conocimiento de que Espiño había recibido dinero por la herencia de su madre –ingresó 26.000 euros un mes antes del crimen– y pergeñaron un plan para matarlo y apoderarse del efectivo.

Para sostener esa tesis, los miembros del tribunal popular tienen en cuenta un incidente ocurrido en julio de 2018, unas dos semanas antes del crimen, cuando Espiño fue agredido con una barra de hierro por Óscar G. L., y que este último justificó diciendo que lo había confundido con un ladrón.

Además, el tribunal popular toma en consideración una conversación telefónica grabada en la que el acusado Francisco hablaba con su primo, sin detallar nombres, sobre “matar a alguien por dinero”. Una escucha que no fue mencionada en el juicio, según las partes.

A las 9 de la mañana del 11 de agosto de 2018, Espiño salió de prisión y se dirigió a la granja, donde estaban los dos acusados. Por mayoría de 8 votos, el jurado cree que ambos, “siguiendo el plan que habían convenido”, entre las 11 y las 13.20 horas golpearon a Fernando con un objeto contundente en la cabeza, hasta causarle la muerte por un traumatismo craneoencefálico severo.

Las geolocalizaciones

Acto seguido, según han respaldado 7 de los 9 miembros del tribunal popular, entre las 13.20 y las 14.20 horas trasladaron el cuerpo del fallecido hasta un monte del municipio de Piñor, propiedad de la familia de Francisco, donde ocultaron el cadáver, envolviéndolo en bolsas de plástico y enterrándolo.

El jurado tiene en cuenta los informes forenses y la geolocalización de los acusados según los posicionamientos de sus móviles, aunque dicha localización no sea de un punto exacto, pero sí de una zona.

La granja de Maside donde presuntamente ocurrió el crimen, y a la que acudía la víctima en sus permisos de salida. BRAIS LORENZO

Efectuaron entre los días 11 y 24 de agosto de 2018 extracciones de dinero por 22.490 euros

Una mayoría de 7 miembros del tribunal de ciudadanos ve acreditado que, tras asesinar a la víctima, los acusados se apropiaron de sus tarjetas, con las que, además de usar la plataforma electrónica Hall Cash –permite enviar remesas de dinero al móvil a través de SMS–, efectuaron entre los días 11 y 24 de agosto de 2018 extracciones de dinero por 22.490 euros.

El 20 de diciembre de ese año, después de que la Guardia Civil descartara con su investigación la hipótesis inicial de una fuga del preso, el cadáver fue hallado en el citado monte de Piñor. Fue posible porque el acusado Óscar “facilitó de manera voluntaria su localización” a los agentes, “colaborando eficazmente de ese modo en el desarrollo de la investigación”, según recoge este hecho probado por unanimidad del tribunal ciudadano, en base a la versión del encausado y a lo que declararon los investigadores.

El monte de Piñor donde fue localizado el cadáver en diciembre de 2018. INAKI OSORIO

El jurado también se pronunció sobre si procede aplicar a los acusados el beneficio de la suspensión de la pena o si estima procedente proponer el indulto. En ambos casos considera que no, por unanimidad.