Tras cinco sesiones de juicio seguidas de un descanso de cuatro días entre el fin de semana y el puente festivo, el jurado popular que debe resolver si un triple homicida fue asesinado en agosto de 2018 por dos conocidos de la prisión, durante un permiso de salida, con el dinero de su herencia como móvil, regresa esta mañana a la Audiencia Provincial de Ourense.
Los nueve miembros titulares y los dos suplentes están convocados a las 9.30 horas para la recepción del objeto del veredicto, una especie de resumen esquemático –elaborado por el magistrado presidente, Manuel Cid Manzano en esta causa–, que recoge las diferentes posturas de la Fiscalía y de las defensas, a modo de un relato de hechos posibles que los integrantes del tribunal ciudadano deben estudiar y votar, declarando cada uno de los supuestos narrados como un hecho probado o no, hasta que la suma de sus decisiones los conduzca a un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad.
En el momento en que el jurado reciba esta mañana el objeto del veredicto, será conducido a una sala anexa a la de vistas de la Audiencia Provincial, donde tienen lugar las sesiones de deliberación. Permanecerá incomunicado desde ese instante y hasta que, una vez alcanzada la decisión definitiva, el portavoz dé lectura al veredicto en una audiencia pública con la presencia de las partes y de los encausados.
7 votos, al menos, para probar hechos contrarios al acusado, 5 para los favorables
Si es necesario prolongar el debate durante varias jornadas, la administración se encargará de facilitar un alojamiento. Durante los días que ha durado el juicio, los integrantes del tribunal popular han recibido una compensación económica por su labor de participación en la administración de justicia –algo menos de setenta euros por cada jornada–, que recoge la Constitución y está regulada por la Ley Orgánica 5/1995.
“El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que se describen los hechos, tal y como fueron propuestos por el magistrado presidente. Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados tales, se requieren siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables. Si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado. Serán necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad”, establece la norma.
El tribunal popular delibera desde esta misma mañana para resolver si los encausados Francisco Javier G. H. y Óscar G. L. asesinaron a un conocido de la prisión, Fernando Iglesias Espiño –al que le faltaban dos años para saldar una condena por el crimen de su mujer e hijos, en Gran Canaria en 1996–, durante un permiso de salida de este, con la supuesta intención de apoderarse del dinero de la herencia de su madre, que había ingresado un mes antes.
Entre el 11 de agosto de 2018, fecha en la que la Guardia Civil sitúa el crimen en la granja de Maside regentada por Francisco, y el 24 de agosto, las cuentas de la víctima se vaciaron: 22.490 euros retiraron y gastaron presuntamente los encausados.
La Fiscalía solicita penas de 22 y 23 años de prisión por los delitos de asesinato en concurso con estafa. Francisco niega cualquier implicación y Óscar, con antecedentes por estafa, solo reconoce que efectuó retiradas de efectivo, aunque la defensa reduce la cuantía a 5.340 euros en una docena de operaciones.
El letrado solicita que, en el supuesto de que sea declarado culpable del asesinato, se le apliquen atenuantes como la de colaboración con la justicia. Él condujo a la Guardia Civil al lugar en el que estaba enterrado el cadáver, en un monte propiedad de una familiar de Francisco, en el municipio de Piñor. La fiscal se opone a beneficio alguno.
Las defensas subrayan que no se halló ADN y discuten las ubicaciones telefónicas, mientras que la acusación esgrime los posicionamientos como prueba de la implicación de los acusados en el crimen, la ocultación del cuerpo y la retirada del dinero de la víctima.
