Las carencias del juzgado de Verín exponen a los vecinos de diez concellos a viajes de 120 a 235 kilómetros
La Xunta indica que el cuadro de personal es similar al de otros juzgados con más trabajo
Edificio de los juzgados de Verín (archivo). | // E. SARMIENTO / J. F.
J. F.
El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT denuncia que la falta de personal en los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Verín expone a sus potenciales usuarios –los residentes en los diez municipios a os que da servicio el juzgado comarcal– “a trasladarse a Ourense para realizar gestiones que podrían realizar en el juzgado de Verín si tuviera el personal necesario”, asegura la central. Los desplazamientos, con ida y vuelta, van de los 120 kilómetros desde Laza o Cualedro a los 210 de A Gudiña o 235 kilómetros de A Mezquita. A preguntas de este periódico, la Xunta sostiene que la plantilla de los juzgados de Verín –seis funcionarios en el número 1 y siete en el número 2, según la administración– “en el año 2021 tuvieron una carga de trabajo del 59% del módulo previsto para este tipo de juzgados razón por la que estos cuadros de personales son similares a los de otros juzgados con más carga de trabajo como Mondoñedo (80% del módulo), Monforte de Lemos (94%), Vilalba (68%), A Estrada (63%), Lalín (96%), Celanova, Pobra de Trives (62% del módulo de carga de trabajo) o Celanova (57%)”, expone la Xunta.
Alternativas na Xustiza indica que, cuando los funcionarios de auxilio están en sala, no se pueden realizar videoconferencias –se tramitaron un total de 168 mediante exhortos civiles y penales en los dos juzgados, durante el año 2021–, ni tampoco realizar actos de notificación o citación fuera del juzgado.
El sindicato solicita la creación de una plaza de funcionario de auxilio en cada uno de los juzgados de Verín, para poner fin a la “discriminación” que supone con respecto a los efectivos de esta categoría en cada una de las dos sedes de O Carballiño y O Barco. Es petición remitida a la Dirección Xeral de Xustiza y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La solicitud no solo ha partido de Alternativas, sino que el secretario coordinador de Ourense también la ha elevado al TSXG.
“La Xunta aboca al rural de esta comarca a la pérdida de servicios públicos. La falta de eficacia y coordinación es preocupante, porque por una parte la Xunta invierte una parte de sus presupuestos en aparatos de videoconferencia, pero los deja en desuso por la falta de inversión en personal”, critica Alternativas na Xustiza, que añade: “Con esta decisión, la Xunta está obligando de facto a que los ciudadanos del partido judicial de Verín tengan que desplazarse hasta la capital, sin que puedan realizar videoconferencias, y se pierda una mañana entera por ir a declarar al juzgado de Ourense (hasta 235 kilómetros), cuando por videoconferencia no llegaría ni a una hora. Teniendo en cuenta la falta de transporte público en el rural hará a los ciudadanos –muchos de ellos con las pensiones más bajas del Estado– costear de su bolsillo los gastos de un taxi”. El sindicato inicia una campaña de recogida de firmas –incluidos los días de feria– para urgir personal.
Desde la Vicepresidencia Primera de la Xunta indican que “sin perjuicio de que se está analizando la necesidad de los cuadros de personal del juzgado de Verín, la situación se arregla, en todo o en parte, con una adecuada organización de la agenda de trabajo para evitar, en lo posible, la coincidencia de dos diligencias que, obviamente, va a provocar la suspensión de una de ellas”. Y añade la administración: “La decisión del empleo de la videoconferencia para un acto judicial es potestativa del juez, y las partes y testigos deben acudir al acto del juicio allí donde se practique”, en alusión a los dos juzgados de lo Penal y a la Audiencia Provincial, que tiene su sede en la ciudad de Ourense.
“Se deben analizar, junto con el TSXG, las causas del retraso denunciado y ver qué es lo que está sucediendo cuando otros juzgados con igual personal y más carga laboral no tienen, al parecer, dichos retrasos. En definitiva, analizar la necesidad de la demanda”, responde la Xunta.