De la variedad de piezas –más de una treintena– en las que se ha ido troceando la operación Pokémon desde la macrocausa inicial de Pilar de Lara, son varias ya las que siguen un mismo camino: una larguísima tramitación, años de espera y al cajón.

Sandra Piñeiro, jueza de Instrucción 2 de Lugo, ha dictado el sobreseimiento provisional de unas diligencias en las que se investigaba la supuesta financiación irregular de distintos partidos políticos en el marco de las elecciones municipales de mayo de 2011, con una supuesta conexión con adjudicaciones ilícitas y la obtención de información privilegiada.

La jueza: “No cabe reputar mínimamente justificada la perpetración de delito en relación con las supuestas donaciones efectuadas en el año 2011. En tal sentido, se desconoce qué elementos condujeron a las aseveraciones efectuadas"

Entre los expolíticos investigados que se libran de este proceso judicial –aunque todavía cabe recurso– se encuentran, en el caso de Ourense, el expresidente de la Diputación y el PP provincial, José Luis Baltar, y el exedil del BNG Fernando Varela. Son un total de 12 imputados los que se benefician de este archivo.

En la causa, cuyo origen se remonta a más de una década atrás, se investigaba si el grupo empresarial Vendex, adjudicatario de servicios públicos en varios ayuntamientos y diputaciones, había contribuido a la financiación irregular de partidos. “No cabe reputar mínimamente justificada la perpetración de delito en relación con las supuestas donaciones efectuadas en el año 2011. En tal sentido, se desconoce qué elementos condujeron a las aseveraciones efectuadas, pues lo cierto es que ningún indicio racional de criminalidad permite sustentar ni que supuestamente, para gratificar la actuación de políticos y funcionarios implicados en las ilícitas adjudicaciones, en la consecución de los contratos y servicios, dicho grupo empresarial habría ideado un supuesto sistema de financiación ilícita a los partidos políticos gobernantes o con posibilidades de gobernar en los municipios donde tienen adjudicaciones, mediante la entrega de dinero, sin recibí ni facturas, ni que los partidos políticos investigados integrarían dichas sumas en una supuesta Caja B”, expone la magistrada.

La jueza Sandra Piñeiro, en una imagen de 2019. Miguel Miramontes/Roller Agencia

La autoridad recuerda que, a la fecha de la supuestas donaciones investigadas, no estaba en vigor la Ley Orgánica 1/2015 que penaliza los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos. “Lo anterior supuso la elevación a conductas criminales de lo que, con anterioridad, no podía superar la equívoca consideración de conducta sancionable desde el exclusivo plano administrativo”, subraya la jueza.

Tras realizar un amplio repaso en el auto sobre el cambio de esta legislación, la autoridad señala que, sobre la supuesta existencia de delito en este caso, “respecto de las supuestas donaciones analizadas en los informes policiales como efectuadas en el año 2011, la conclusión que se alcanza analizado el resultado de las diligencias acordadas es negativa”.

"Más allá de la hipótesis investigativa policial, no cabe formular un juicio indiciario de responsabilidad criminal que permita encajar tales hechos en una conducta prevista y penada en el Código Penal"

Los investigadores aludieron a determinados ingresos sin causa legal, como 17 ingresos por un total de 29.970 euros efectuados entre mayo y junio de 2011 en cuentas del PP en una entidad de Santiago, “no constando ordenante de los ingresos en efectivo, lo que les lleva a sospechar que el objetivo era eludir el control e identificación exigidos por la normativa vigente”. Un empleado del banco identificó a un concejal como la persona que había ingresado en aquella época varios miles de euros en efectivo.

“Los investigadores conectan tales ingresos con el resultado del registro en 2012 en Grupo Vendex, pero lo cierto es que, más allá de la hipótesis investigativa policial, no cabe formular un juicio indiciario de responsabilidad criminal que permita encajar tales hechos en una conducta prevista y penada en el Código Penal, en la redacción vigente a la fecha de los hechos”, razona la magistrada.

"Pese a la investigación a lo largo de los años, que incluyó medidas limitativas de derechos fundamentales, no es posible encajar penalmente las conductas analizadas de supuesta “financiación ilegal” en ninguna de las figuras delictivas"

“Otro tanto ocurre” –dice– con otros ingresos, como una supuesta donación de Vendex al PSOE de A Coruña de 3.250 euros, deducción de los agentes a partir del registro judicial en la empresa en 2012.

“Se quedan en simples hipótesis investigativas no corroboradas por el resultado de las diligencias practicadas”, añade la jueza. Del mismo modo, “las hipótesis investigativas no resultan refrendadas por las diligencias”, descartando pruebas de ingresos irregulares para distintas formaciones de varias localidades, como PP, PSOE, BNG o Terra Galega.

“Con los datos obrantes en las actuaciones y pese a la investigación a lo largo de los años, que incluyó medidas limitativas de derechos fundamentales, en relación con el análisis de la documental incautada con los registros, y con los informes policiales, no es posible encajar penalmente las conductas analizadas de supuesta “financiación ilegal” en ninguna de las figuras delictivas previstas y penadas en el Código Penal en la redacción vigente a la fecha de los hechos, lo que determina la improcedencia de la prosecución de la presente instrucción, y determina el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no resultar justificada la perpetración de delito alguno”, finaliza la jueza Sandra Piñeiro.

El auto, de fecha 9 de mayo, no es firme y admite recurso de reforma ante el propio juzgado de Instrucción 2 de Lugo, y en apelación a la Audiencia Provincial.