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La Fiscalía no se opone a que se retire la obligación de los policías gemelos de comparecer en el juzgado

Más de cuatro años después de su detención por la muerte de un compañero aún deben ir cada semana

Los policías aún deben acudir cada semana al juzgado. BRAIS LORENZO

El 9 de abril se cumplirán seis años de uno de los sucesos más sorprendentes que se han registrado en Ourense en los últimos tiempos: la muerte en la comisaría provincial de un policía, de un disparo en la cabeza, con una de las pistolas robadas en agosto de 2014 en el búnker de la sede. En enero de 2018, los inspectores Roy y Bernardo D. L., amigos del fallecido, fueron detenidos por su presunta implicación en la muerte, que siempre han negado.

La magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, los mantiene investigados por presunto asesinato. Un informe de la brigada central de homicidios de la Policía descarta su participación y considera que el suceso fue un suicidio, al igual que sostuvo Asuntos Internos. La UDEV de la Policía Judicial de la comisaría cree que se trató de un asesinato para intentar evitar que el fallecido pudiera desvelar la supuesta participación de los tres en el robo de las pistolas y la elaboración y envío de anónimos a Asuntos Internos y a la prensa.

La jueza aguarda por una comisión rogatoria a Estados Unidos –a Google– para disponer de datos sobre comunicaciones entre los hermanos que puedan ser alusivas a los hechos. A pocas semanas de que se cumplan seis años de esta extraña muerte en la comisaría, los investigados aún deben comparecer cada semana en el juzgado, una medida cautelar contra un hipotético riesgo de fuga.

Hace unos meses, el abogado defensor Neil González solicitó que se dejara sin efecto. El letrado alegaba el tiempo transcurrido, así como el estricto cumplimiento por parte de los clientes, cuyo arraigo familiar y social está en Ourense. “No se pueden seguir manteniendo esas medidas sine die, mientras no llegue una comisión rogatoria que puede que no se reciba nunca”, argumentaba el abogado.

A esa petición le ha dado trámite el juzgado, recabando el parecer de las distintas partes. Antonio R. F., el policía absuelto en la Zamburiña –el magistrado Luis Doval resolvió en otra causa, sobreseída provisionalmente, que no hay pruebas de que los hermanos conspiraran para incriminarlo ante Asuntos Internos– está personado como acusación. Se opone a que se revoque o relaje la medida. El abogado que representa a la familia del fallecido no ha emitido su parecer.

Comisaría de Policía en Ourense. F. CASANOVA

La Fiscalía, que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de que la muerte del agente no fuera un suicidio, no se oponía a que se levantara la obligación. Pero la magistrada dictó una providencia señalando que se mantuviera lo acordado en un auto de la Audiencia Provincia, que ya relajó las comparecencias de una periodicidad diaria a una vez por semana. La defensa ya ha interpuesto recurso.

Petición de sobreseimiento

Además, la defensa planteó una nueva solicitud de sobreseimiento porque ve definitivo el informe exculpatorio, de fecha 1 de octubre de 2021, presentado por la Sección de Homicidios y Desaparecidos de la Brigada Central de Delitos contra las personas, una unidad adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial. La jueza está en fase de resolver si continúa con el procedimiento.

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