No es sencillo acreditar que una relación de acusados que cometen un mismo delito se han concertado y desempeñan distintos papeles con un fin común. Sí ha sido posible con cinco de ellos en la denominada operación Justel-Casablanca, un golpe de tres cuerpos policiales asestado en 2018 a una red de narcotráfico que operaba entre Marruecos y Galicia.
Un total de 8 acusados fueron a juicio este martes en la Audiencia Provincial de Ourense. Todos admitieron su implicación y se conformaron con penas de entre 2 y 3 años de prisión, además de con el pago de multas económicas de 20.000 a 70.000 euros
Se les reconocen las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en un acuerdo de conformidad que rebaja la pena con respecto a la solicitud inicial de la Fiscalía, que se situaba entre los 4 años y 5 meses y los 8 años y 1 mes. Queda acreditado que 5 integraban “un grupo de personas que de manera estable se dedicaban a cometer delitos contra la salud pública”.
Una operación del EDOA de la Guardia Civil de Ourense, Vigilancia Aduanera y el grupo de estupefacientes de la comisaría de Policía, bajo la coordinación del fiscal provincial antidroga, Miguel Ruiz, y el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, permitió retirar del mercado importantes cantidades de hachís y también cocaína.
Los investigadores tuvieron conocimiento de que se estaban suministrando sustancias estupefacientes desde Marruecos y el sur de España, para que fueran distribuidas por Galicia y vendidas al por menor en Ourense y otras localidades.
En febrero de 2018, se puso en marcha un operativo que incluyó escuchas telefónicas a varios sospechosos. A raíz de la información obtenida a través de esa vía, además de seguimientos y otros medios de investigación, los agentes de los tres cuerpos constataron la existencia de un grupo de personas que, de manera estable, se dedicaban al tráfico de sustancias tóxicas para su distribución, sobre todo, en Ourense.
M. A., nacido en Marruecos en 1982 y con antecedentes por violencia doméstica, es una de las personas encargadas de conseguir las sustancias en su país natal y en el sur de la Península. Viajaba con regularidad a Algeciras para adquirir grandes partidas de hachís. Las transportaba a Ourense, donde las distribuía, bien al por menor, o bien entregando cantidades a otros compradores que después traficaban.
Además, realizaba una distribución diaria de cocaína y hachís en la ciudad, al menudeo. Este encausado acepta 4 meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, 2 años de prisión y 30.000 euros por delito contra la salud pública y 6 meses por tenencia de armas.
Se libra de la expulsión del país porque el fiscal considera que tiene arraigo (dos hijos escolarizados en Ourense y casi diez años cotizados a la Seguridad Social). Pasó un semestre en prisión provisional.
S. V. R., de 42 años, era una de las personas de las que se valía para efectuar las transacciones diarias, tanto de cocaína como de hachís. Llegó a ceder una vivienda de su familia para guardar armas y estupefacientes, a modo de almacén de seguridad. Acepta 3 meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, 22 meses de prisión y 30.000 euros por tráfico de drogas más 6 meses por tenencia ilícita de armas. Ella estuvo casi cinco meses en prisión provisional.
T. Q. P., de 32 años, y S. R. A. A., de 36, que se conforman con 3 meses de prisión por pertenencia a grupo criminal y 2 años de prisión más 30.000 euros por el delito contra la salud pública –la segunda no será expulsada, ya que le consta arraigo, con una hija y trabajos y cotización desde 2009–, eran dos colaboradoras habituales en la distribución en la ciudad.
Las dos, consumidoras de cocaína en el momento de los hechos, también efectuaban labores de transportistas de la droga de otro encausado, B. O., un marroquí de 64 años que acepta 4 meses de prisión por grupo criminal más 2 años y 30.000 euros por narcotráfico, librándose de ser expulsado, porque reside en España desde 1991, año desde el que ha cotizado de manera ininterrumpida. Estuvo 3 meses en prisión provisional y el fiscal reconoce que es consumidor de sustancias tóxicas.
Este encausado era otro de los encargados de conseguir sustancias tóxicas en su país y en el sur de España para distribuirlas por Ourense y Galicia. Se desplazaba habitualmente a Algeciras, cruzaba el Estrecho de Gibraltar y conseguía la droga, o bien la adquiría en alguna localidad de Andalucía.
La tarde del 6 de junio de 2018, la Guardia Civil dio el alto, en la A-66, en Zamora, al coche conducido por M. A., que volvía a Ourense tras adquirir un cargamento de droga en el sur. En un habitáculo de la guantera, en un escondite, había ocho botellas de plástico rellenas de bellotas de hachís: 8,78 kilos, con un valor en el mercado negro de 48.208,1 euros.
Un mes antes, otro acusado, M. P. P., de 46 años –acepta 2 años de cárcel y multa de 70.000 euros por un delito contra la salud pública, tras haber pasado 3 meses en prisión provisional– había realizado a B. O. un encargo de una importante partida de hachís, de 25 kilos.
El propio B. viajaría a Antequera en un coche lanzadera conducido por otro de los implicados, A. K., de 31 años, también nacido en Marruecos, que se ha conformado con 2 años de prisión y 70.000 euros por el delito de drogas, librándose de la expulsión porque también consta que cuenta con arraigo familiar y laboral. Pasó solo unos días preso.
Estos dos iban en el vehículo lanzadera para supervisar y asegurarse de que no había ningún control policial, con el fin de garantizar el éxito de la operación, mientras la droga era transportada unos kilómetros por detrás por otro encausado, A. G. C., de 42 años, que la llevaba en un escondite del coche. Este, que estuvo 3 meses en prisión provisional, acepta también 2 años y 70.000 euros. Era la persona de confianza encargada de bajar a por la droga al sur, con el objetivo de entregársela posteriormente a M.
La mañana del 22 de junio, agentes de la Guardia Civil pararon en la A-92, en Puebla de Cazalla (Sevilla), un vehículo conducido por A. G. C. que ocultaba en una caleta situada debajo del salpicadero 25 bolsas con 2.446 bellotas por un total de 25.996 gramos de hachís, valorados en 148.177,2 euros. Paralelamente, se le dio el alto al vehículo lanzadera, en el que iban A. K. y B. O. Minutos más tarde, de manera coordinada, Aduanas detuvo en Vigo al destinatario de la droga. M. P.
En la fase final de la operación Justel-Casablanca se hicieron los registros. En una casa de Cartelle usada por la acusada S. V. R., colaboradora de M. A., había más de 2,5 kilos de hachís, valorados en casi 15.000 euros, así como una pistola semiautomática, un revólver y munición.
La droga será destruida y se decomisan tres coches utilizados para traficar
En la vivienda en Ourense de T. Q. P. se hallaron más de 3.100 euros y 30 gramos de cocaína, además de instrumentos para el corte y el pesaje. En el domicilio de S. R. A. A. había 4 gramos de cocaína, 3.700 euros y útiles para cortar y pesar.
La atenuante de dilaciones indebidas aplicada a los acusados se basa en que, tras las detenciones, la causa estuvo bajo secreto y paralizada, a la espera de inhibición judicial, de Ourense a Cádiz, sobre otros implicados. La droga será destruida y se decomisan tres coches utilizados para traficar.
