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Piden el internamiento psiquiátrico de la presunta descuartizadora de Cortegada

La defensa reitera la solicitud tras dos episodios en los que la investigada aseguró haber ingerido lejía en la cárcel. Siguen las pesquisas por si recibió ayuda de alguien para deshacerse del cuerpo

La investigada, durante la búsqueda de restos de la víctima. FERNANDO CASANOVA

Cristina R. V., la mujer de 26 años de Rabiño (Cortegada) que confesó de forma espontánea ante la jueza de Ribadavia haber adormecido con pastillas, asfixiado con la almohada, calcinado y descuartizado a un hombre de 56 años que había llegado de Cataluña, en agosto, para una relación presencial tras haberse conocido por internet, ingresó en prisión provisional, en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, el 23 de diciembre.

Desde el principio se le ha aplicado el protocolo antisuicidios y una interna de confianza intenta no perderla de vista para evitar que se autolesione. En las últimas semanas, la presunta asesina aseguró en dos ocasiones que había ingerido lejía, un producto que se entrega a las reclusas para la limpieza de sus dependencias. La joven fue trasladada al hospital por estos hechos en dos ocasiones.

La defensa había solicitado, una primera vez, que la investigada fuera internada en un centro psiquiátrico, porque considera que es el medio adecuado en el que debe permanecer hasta la celebración del juicio, que será con jurado. El juzgado de Ribadavia, primero, y la Audiencia Provincial –la sala de apelaciones durante las fases de instrucción–, después, desestimaron esa pretensión. El abogado ha vuelto a plantearla ante el juzgado local, después de los dos episodios con la lejía en el centro penitenciario, posibles intentos autolíticos.

Tras su puesta a disposición judicial, en la que la investigada se acogió a su derecho a no declarar –después de haber confesado voluntariamente a la jueza, durante los registros en su casa, el crimen y dónde fueron arrojados los restos–, se solicitó al Instituto de Medicina Legal (Imelga) que los forenses realicen un informe psiquiátrico sobre las capacidades de la joven.

Un dictamen que definirá si es imputable –es decir, si puede ser juzgada–, y que servirá como base para posibles atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal. Además, el juzgado está practicando varias testificales, con declaraciones, entre otras personas, de vecinos y de peritos, para tratar de determinar el estado mental de la sospechosa.

La investigación del macabro suceso continúa. Antes de su detención, la joven contó al médico y al psiquiatra que había calcinado y enterrado el cuerpo del varón. Tras su detención, confesó el crimen en el registro. La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la vía para averiguar si alguna persona pudo ayudar a la presunta homicida a deshacerse del cuerpo. De momento, no hay conclusiones. Entre las diligencias se está a la espera de la información de compañías telefónicas.

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