La operación Justel-Casablanca, un golpe asestado en 2018 al narcotráfico en el que colaboraron la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera apunta a ocho acusados de una red de presuntos traficantes. Se enfrentan a penas individuales entre los 4 años y 5 meses de prisión –a los que se exponen tres de los encausados– y los 8 años y 1 mes de cárcel que solicita el fiscal para uno de los implicados. También se enfrentan a multas de elevada cuantía. El juicio está señalado en la Audiencia Provincial para martes y míercoles. Es el tercer intento, tras dos suspensiones en los meses de diciembre y enero.
Los investigadores tuvieron conocimiento de que se estaban suministrando sustancias estupefacientes desde Marruecos y el sur de España, para que fueran distribuidas por Galicia y vendidas al por menor en Ourense y otras localidades. En febrero de 2018, se puso en marcha un operativo que incluyó escuchas telefónicas a varios sospechosos. A raíz de la información obtenida por esa vía, además de seguimientos y otros medios de investigación, los agentes de los tres cuerpos constataron la existencia de un grupo de personas que, de manera estable, se dedicaban al tráfico de sustancias tóxicas para su distribución, principalmente, en Ourense.
Uno de los encausados, nacido en Marruecos y con antecedentes por violencia doméstica, es una de las personas presuntamente encargadas de conseguir las sustancias en su país natal y en el sur de la Península. Según la Fiscalía, este implicado viajaba con regularidad a Algeciras para adquirir grandes partidas de hachís. Las transportaba a Ourense, donde presuntamente las distribuía, bien al por menor, o bien entregando cantidades a otros compradores que después traficaban. Además, realizaba una distribución diaria de cocaína y hachís en la ciudad, al menudeo, según el fiscal.
Es acusada una de las personas de las que se valía para efectuar las transacciones diarias, tanto de cocaína como de hachís. Esta implicada, según la Fiscalía, llegó a ceder una vivienda de su familia para guardar armas y estupefacientes, a modo de almacén de seguridad. Otras dos encausadas eran dos colaboradoras habituales de esa mujer en la distribución en la ciudad. Además, presuntamente también hacía labores de transportistas de la droga de otro sospechoso.
Según los investigadores, este acusado, natural de Marruecos, era otra de las personas encargadas de conseguir sustancias tóxicas en su país y en el sur de España para distribuirlas por Ourense y Galicia. La Fiscalía sostiene que se desplazaba habitualmente a Algeciras, cruzaba el Estrecho y conseguía la droga, o bien la adquiría en alguna localidad de Andalucía.
Interceptados en la autovía
La tarde del 6 de junio de 2018, agentes de la Guardia Civil dieron el alto, en la A-66, en Zamora, al coche conducido por el primero de los acusados marroquíes, que regresaba a Ourense tras comprar droga en el sur. En un habitáculo de la guantera, en un escondite, había ocho botellas de plástico rellenas de bellotas de hachís: un total de 8,78 kilos, con un valor en el mercado de 48.208,1 euros.
Un mes antes, otro acusado había realizado un encargo de una importante partida de hachís, de 25 kilos. Uno de los integrantes de la red viajaría a Antequera en un coche lanzadera conducido por otro de los implicados, también nacido en Marruecos.
Los dos hombres que iban en el vehículo se encargaban de supervisar y asegurarse de que no había ningún control policial, para garantizar el éxito de la operación, mientras la droga era transportada unos kilómetros por detrás por otro implicado, que la llevaba en un escondite del coche.
La mañana del 22 de junio, agentes de la Guardia Civil pararon en la A-92, en Puebla de Cazalla (Sevilla), un vehículo que ocultaba en una caleta 25 bolsas con 2.446 bellotas por un total de 25.996 gramos de hachís, valorados en 148.177,2 euros. Paralelamente, se le dio el alto al vehículo lanzadera y, minutos más tarde, Vigilancia Aduanera detuvo en Vigo al destinatario de la droga.
En la fase final de este dispositivo, ahora a juicio, se llevaron a cabo registros. En una casa de Cartelle usada por una acusada había más de 2,5 kilos de hachís, valorados en casi 15.000 euros, así como una pistola semiautomática, un revólver y munición. En la vivienda en Ourense de un acusado se hallaron más de 3.000 eurosy cerca de 30 gramos de cocaína. En el domicilio de otro había casi 4 gramos de cocaína y 3.700 euros en efectivo.
