José Miguel M. C., el hombre que estuvo dos veces en prisión provisional como sospechoso del asesinato de sus padres en Taboadela en 2009 –siempre se declaró inocente y la causa se sobreseyó en 2013–, se sentó ayer en el banquillo del Penal 2 de Ourense para responder del hallazgo de 6,1 kilogramos de marihuana en un galpón cercano a la casa que en su día perteneció a sus progenitores.
La Policía Judicial de la Guardia Civil encontró la droga, seca, mientras realizaba un registro tras su detención, en julio de 2020, por el asesinato en grado de tentativa de un brigadista, durante una emboscada en Xunqueira de Ambía en 2008, siete meses antes del doble crimen del matrimonio. Esa causa se reabrió –y sigue en trámite, aunque con recurso de la defensa ante la Audiencia Provincial, solicitando el archivo– tras la aparición de pólvora en un nuevo estudio del pasamontañas presuntamente utilizado en el tiroteo a la víctima cuando volvía a casa.
“La investigación iba enfocada a la búsqueda del arma”, dijo uno de los investigadores en el juicio. En el galpón había “muchas cajas, incluso atestados de otros procedimientos contra él, tenía fotos de familia...”, describió el agente.
Cuando hallaron la droga –fue “una sorpresa”, reconoció otro guardia–, solicitaron autorización al juez para ampliar las pesquisas al delito contra la salud pública. La Fiscalía solicita 2 años de prisión y una multa de 35.000 euros. José Miguel M. C. niega su implicación, al igual que defiende su inocencia en la causa del brigadista. Asegura que la sustancia pertenecía a otro. Su versión es que ese galpón lo utilizaban también otras personas, entre ellas un brasileño expulsado de España en octubre de 2019, nueve meses antes del registro.
En la inspección, que fue practicada el 29 de julio de 2020 en esa propiedad de Amendo, los agentes se incautaron de varias cajas con ramas y hojas secas de marihuana. La droga pesaba 6,154 kilos, con un valor en el mercado negro de casi 27.700 euros.
El fiscal: “Piensa que con dar el nombre de un brasileño deportado él ya no será responsable, y ahora en el juicio además dice que no sabe si podía ser de otras personas. El galpón era utilizado por él, y las cajas le pertenecían”
“Las cajas no eran mías. En el galpón había cosas mías pero también de otras personas. Ahí tengo cosas que no necesito y que llevan años. Y después también hay cosas de otra gente. Había más personas que tenían la llave”. La versión de José Miguel es que ese lugar, al que asegura que llevaba un año sin ir, lo empleaban como almacén otros, como el brasileño expulsado meses antes, “mi hermana, exparejas y amigos”, añadió. “Está abierto por abajo y la puerta solo está apoyada. Se puede quitar porque las bisagras están rotas”, adujo.
“¿Entonces era el camarote de los hermanos Marx?”, interrogó el fiscal Julián Pardinas, con ironía. Uno de los guardias dijo que el galpón no tenía acceso libre, aunque los agentes no constataron si a ese lugar entraban más personas.
En su informe, el representante del ministerio público destacó que el peso y la valoración económica de la droga incautada eran “importantes”, y recordó que la jurisprudencia fija en unos 100 gramos la cantidad que puede aceptarse para consumo propio.
“Piensa que con dar el nombre de un brasileño deportado él ya no será responsable, y ahora en el juicio además dice que no sabe si podía ser de otras personas. El galpón era utilizado por él, y las cajas le pertenecían”, argumenta el fiscal, que además recordó que el registro fue practicado “con todas las formalidades legales”, con una autorización expresa para investigar el delito contra la salud pública, tras el hallazgo inesperado de la droga, y con el propio consentimiento del detenido, con su letrado delante.
La defensa, Ana Carnicero, subraya que el encausado manifestó desde el principio que la marihuana pertenecía al brasileño, y por eso las cajas con la droga estaban al lado de las pertenencias de esa persona. Añade que el galpón llevaba tiempo sin que fuera nadie, y que ni allí ni en el domicilio había elementos sospechosos de trapicheo, como bolsas o básculas.
Citando jurisprudencia del Supremo aludió a la baja riqueza de THC de la sustancia, ya seca, un 5%. “El peligro se determina por la cantidad del psicoactivo”, argumentó. La letrada incidió en que, mientras era investigado y estaba bajo seguimiento –aunque “no las 24 horas”, precisó un guardia–, no había ninguna sospecha de que pudiera dedicarse al tráfico de drogas. “No hay ningún elemento para concluir la comisión del delito”, afirmó.
A José Miguel M. C. ya no le constan antecedentes penales. De todas las causas contra él por hechos de los años 2008 y 2009 solo ha sido condenado por un delito ocurrido días antes de la muerte de sus padres.
Cumplió 4 años de prisión por apuntar con un arma, maniatar y amordazar a un amigo y compañero, tras presentarse en su casa de Xinzo diciendo que se quería suicidar.
