La Audiencia Provincial ha decidido aplazar el juicio con jurado popular para resolver si dos acusados mataron en agosto de 2018, durante un permiso de salida, a un preso al que habían conocido en el centro penitenciario, con la supuesta intención de apoderarse del dinero de la herencia de su madre. Las sesiones estaban previstas entre el 31 de enero y el 3 de febrero, pero un problema de salud del abogado de la acusación particular exige la suspensión. Se baraja que el nuevo señalamiento sea en abril, pero aún no está confirmado.
El magistrado que presidirá el tribunal popular, Manuel Cid Manzano, dictó una providencia este pasado lunes en la que, tras la solicitud de suspensión planteada por el procurador de la acusación particular, indicaba: “Estese a la espera en el corto plazo de la evolución sanitaria del letrado ingresado y, según su resultado, se acordará respecto de la petición”.
Este jueves, la autoridad redactó otra nueva resolución que establece: “A la vista de la solicitud formulada por el procurador, y sin constancia de novedad facultativa, se decreta la suspensión de las sesiones de juicio oral”. El magistrado requiere a la acusación particular para que informe de la “actual situación sanitaria del letrado, así como de la fecha probable de la concesión del alta médica, si ello fuere factible”.
Con la suspensión del juicio se aplaza también la conformación del jurado, que tiene lugar justo antes del inicio de la vista, con el trámite de recusaciones por parte de las partes. La veintena de personas preseleccionadas para el tribunal, y que habían sido convocadas para esa primera jornada, deberán presentarse ahora en la nueva fecha del juicio.
Un crimen por la herencia
Nueve integrantes del tribunal popular –hay dos suplentes– dictarán el veredicto de inocencia o culpabilidad. A la víctima, Fernando Iglesias Espiño, natural de Silleda (Pontevedra) y de 63 años, solo le quedaban un par de años para saldar una condena de 25 por el triple asesinato de su familia, perpetrado en 1996 en Gran Canaria.
Su desaparición después de un permiso de salida no encajaba con un quebrantamiento, porque había disfrutado de más de 80 autorizaciones sin incumplimientos. La Policía Judicial de la Guardia Civil descubrió que, detrás de su ausencia, había un crimen. Bautizó el caso como ‘Operación Avaro’, por el móvil económico.
En diciembre de 2018, los investigadores detuvieron a los dos presuntos homicidas y encontraron el cadáver de la víctima enterrado en una mina de agua, en un monte de Piñor. La Fiscalía solicita 22 y 23 años de prisión para Francisco Javier G. H. y Óscar G. L. La acusación particular, que representa al hermano de la víctima, eleva la petición a 24 y 25 años.
Presuntamente, lo mataron a golpes en la cabeza, con un objeto contundente, en una granja regentada por Francisco en Maside, a la que Espiño acudía a trabajar en sus permisos de salida, a cambio de cama y de comida.
Los encausados conocieron a la víctima en el periodo en que los tres permanecieron en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, llegando a entablar cierta relación de amistad. Se enteraron de que había recibido en herencia una importante cantidad tras el fallecimiento de su madre, y presuntamente urdieron un plan para acabar con la vida de su conocido para apropiarse del dinero.
El 11 de agosto de 2018, la víctima salió de la prisión y se presentó en la granja. Entre las 11 y las 13.20, presuntamente lo mataron y, después, ocultaron el cadáver en un monte del municipio de Piñor. Óscar reveló el emplazamiento a la Guardia Civil. Entre el 11 y 24 de agosto de 2018, según la Fiscalía, retiraron con sus tarjetas 22.490 euros. Se les atribuyen presuntos delitos de asesinato, en concurso con estafa o robo. Las defensas lo niegan. La de Óscar –con antecedentes por estafa– solicita, en el peor de los casos, la aplicación de atenuantes.
