Piden suspender el juicio por el asesinato de un preso tras la enfermedad de un abogado

La vista ante un jurado popular debía comenzar el lunes 31 de enero

El cuerpo de la víctima, tras ser localizado en el monte.

El cuerpo de la víctima, tras ser localizado en el monte. / IÑAKI OSORIO

Javier Fraiz

Javier Fraiz

El calendario para juzgar con jurado el presunto asesinato de un preso que desapareció tras un permiso de salida está en el aire. El abogado de la acusación particular ha sufrido un percance de salud y, este lunes, su procurador solicitó a la Audiencia Provincial la suspensión de la vista, que estaba señalada entre el 31 de enero y el 3 de febrero, para que después el jurado se retirara a deliberar.

El magistrado ponente que presidirá el jurado, Manuel Cid Manzano, decidirá. En una providencia de este lunes indica: “Estese a la espera en el corto plazo de la evolución sanitaria del letrado ingresado y, según su resultado, se acordará respecto de la petición”.

Los dos acusados de matar, para quedarse con el dinero de la herencia, a un compañero al que conocieron en prisión se someterán, antes o después, al veredicto de un tribunal de ciudadanos, cuya lista final de aspirantes fue conformada hace unas semanas. En torno a una veintena de personas deben acudir a la primera sesión de la vista –sea el 31 o cuando se fije, en caso de suspensión–, y en el trámite previo al juicio las partes podrán formular las recusaciones. El jurado popular quedará integrado por nueve titulares y dos suplentes.

A la víctima, Fernando Iglesias Espiño, natural de Silleda (Pontevedra) y de 63 años, solo le quedaban un par de años para saldar una condena de 25 por el triple asesinato de su familia, perpetrado en 1996 en Gran Canaria. Su desaparición después de un permiso de salida no encajaba con un quebrantamiento, porque había disfrutado de más de 80 autorizaciones sin incumplimientos. La Policía Judicial de la Guardia Civil descubrió que, detrás de su ausencia, había un crimen. Bautizó el caso como ‘Operación Avaro’, por el móvil económico.

En diciembre de 2018, los investigadores detuvieron a los dos presuntos homicidas y encontraron el cadáver enterrado en una mina de agua. La Fiscalía solicita una condena de 22 y 23 años de prisión para Francisco Javier G. H. y Óscar G. L. La acusación particular, que representa al hermano de la víctima, eleva la petición a 24 y 25 años. Presuntamente, lo mataron a golpes en la cabeza, con un objeto contundente, en la granja regentada por Francisco en Maside, a la que Espiño iba a trabajar en sus permisos de salida, a cambio de cama y comida.

Los encausados conocieron a la víctima en el periodo en que los tres permanecieron en el centro penitenciario de Pereiro, llegando a entablar cierta relación de amistad. Se enteraron de que había recibido en herencia una importante cantidad tras el fallecimiento de su madre, y presuntamente urdieron un plan para acabar con su vida y apropiarse del dinero.

El 11 de agosto de 2018, la víctima salió de la prisión y fue a la granja. Entre las 11 y las 13.20, presuntamente lo mataron y, después, ocultaron el cadáver en un monte de Piñor. Óscar reveló el emplazamiento a la Guardia Civil. Entre el 11 y 24 de agosto de 2018, según la Fiscalía, retiraron con sus tarjetas 22.490 euros. Se les atribuyen presuntos delitos de asesinato, en concurso con estafa o robo. Las defensas niegan. La de Óscar –con antecedentes por estafa– solicita, en el peor de los casos, la aplicación de atenuantes.

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