Después de que el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, fuera suspendido en 2019 por la Fiscalía General del Estado, a Carmen Eiró le encargaron la representación en la causa del 10% contra el exalcalde Manuel Cabezas y el exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador. Esta fiscal, delegada en la provincia de Ourense contra los delitos medioambientales y urbanísticos, adoptó un criterio distinto al de su predecesor.

Delgado propugnaba el sobreseimiento o, en el caso de que hubiera una imputación por perdonar a 15 promotores, entre 1997 y 2002, la cesión del 10% del suelo de sus proyectos para fin público, que se investigara a todos los miembros de los órganos colegiados. En la última sesión del juicio, este jueves, Eiró ratificó su solicitud de condena: 7 años de prisión, 17 de inhabilitación y el pago individual de 1,58 y 1,17 millones de euros.

La Fiscalía considera que los dos políticos del PP cometieron un delito continuado de prevaricación, en concurso con un delito continuado de malversación, ambos por omisión.

Carmen Eiró, fiscal: “Si bien en este procedimiento no están todos los que son, sí son todos lo que están”

Los encausados alegaron haber actuado según informes favorables de los técnicos, dictámenes que hacían propuestas de aprobación. Además, se basan en un acuerdo plenario de diciembre de 1994 que permitía a los promotores que se quedaran con el 100% de sus aprovechamientos privados, en base a dos informes en ese sentido del secretario del Concello.

Las acusaciones han incidido en que, tal y como manifestaron en juicio, varios técnicos –y especialmente dos de ellos– plasmaron en los informes que la exención del 10% contravenía la ley. La norma autonómica del suelo de 1997 fijaba una cesión mínima del 15% y la ley estatal de 1998 estableció el 10%. “Pretender decir que no conocían que no se estaba aplicando la ley no tiene ningún sustento probatorio. Pretender que no sabían que estaban contraviniendo la ley son excusas de mal pagador”, expresó la fiscal en su informe.

La fiscal, sobre el exalcalde acusado:


“El señor Cabezas era el máximo responsable de la corporación, tenía el control de todos los actos delegados, como presidente de la corporación y de las comisiones. No puede decir que no sabía o que no conocía. No vale un delego y me olvido, sigue teniendo responsabilidad. Ourense no es Madrid, y por mucho trabajo que hubiera los dos acusados sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Ellos sabrán las razones”

“Aprovecharon los cargos públicos para convertir el patrimonio municipal en beneficios privados”, dice el escrito de acusación. En sus conclusiones, la representante del ministerio público aludió a los escritos de los funcionarios que advertían del incumplimiento de la ley, y reiteró que el acuerdo de 1994 no podía prevalecer. “No se podía aplicar porque quedó sin efecto tras la entrada en vigor de la ley del suelo de 1997”, subrayó.

La fiscal Carmen Eiró y la abogada de la acusación popular, Elena Díaz. INAKI OSORIO

La fiscal sostiene que los políticos no podían desentenderse. “Si bien en este procedimiento no están todos los que son, sí son todos lo que están”, afirmó Eiró. “El señor Cabezas era el máximo responsable de la corporación, tenía el control de todos los actos delegados, como presidente de la corporación y de las comisiones. No puede decir que no sabía o que no conocía. No vale un delego y me olvido, sigue teniendo responsabilidad. Ourense no es Madrid, y por mucho trabajo que hubiera los dos acusados sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Ellos sabrán las razones”, expuso.

La fiscal: “Ourense era el único ayuntamiento de Galicia que no aplicaba el 10% de cesión en suelo urbano no consolidado”

“No se puede usar la doctrina del error de los acusados. Se exige a los políticos un conocimiento de la ilegalidad como si fueran legos, pero lo tienen muy difícil echando la culpa al secretario, porque el principio de legalidad vincula a todos. Cuando adoptan estas resoluciones arbitrarias ocasionan un gran perjuicio”, añadió.

Al no aplicarse las leyes urbanísticas sino el acuerdo de 1994, también incurrieron en malversación, dice la fiscal. Este delito “no requiere que se hayan enriquecido ellos, basta con que un tercero se haya beneficiado. Han sido los 15 promotores que se apropiaron del 100%”.

"Se ha quebrado el principio de legalidad y de jerarquía normativa, con consecuencias que han podido ser irreparables, con ciudadanos que no pudieron tener acceso a una vivienda de promoción pública. Hubo un perjuicio económico y social"

Elena Díaz - Abogada de Áurea Soto. Acusación popular

Recordó que un informe de dos técnicos de Urbanismo y que la fiscalización del Consello de Contas cifraron el perjuicio en 1,651 millones. “Ourense era el único ayuntamiento de Galicia que no aplicaba el 10% de cesión en suelo urbano no consolidado”, remarcó.

“Se produjo un incumplimiento flagrante y clamoroso de todas las normas, incluida la Constitución. La cesión del 10% no es un capricho y la ley de 1997 no era interpretable. Estamos hablando del patrimonio municipal del suelo, por el que tienen que velar los poderes públicos”, subrayó Elena Díaz, la abogada que representa a la exconcejala y denunciante Áurea Soto (PSOE) en el ejercicio de la acusación popular.

La acusación popular: "Un gobierno municipal no es una figura decorativa: tiene capacidad decisoria y poder de fiscalización. Si no, gobernarían los funcionarios"

“Se ha quebrado el principio de legalidad y de jerarquía normativa, con consecuencias que han podido ser irreparables, con ciudadanos que no pudieron tener acceso a una vivienda de promoción pública. Hubo un perjuicio económico y social”, expuso la letrada.

Sobre los informes de los técnicos, esta parte recuerda que “algo pasa cuando en 15 expedientes se dice que se incumple la ley. Todos los informes resaltan sistemáticamente que se apropian del 100%. No hay informes favorables”.

Manuel Cabezas y Áurea Soto. INAKI OSORIO

En la misma línea que la fiscal, la acusación popular esgrime que los acusados no podían quedarse al margen. “Un gobierno municipal no es una figura decorativa: tiene capacidad decisoria y poder de fiscalización. Si no, gobernarían los funcionarios. Se pretende que la responsabilidad sea de una persona fallecida que además no tenía poder decisorio”, hiló Elena Díaz. “No estamos ante una interpretación, sino en preservar la ley y el principio de jerarquía normativa”.

La acusación popular añade un delito más que la fiscal: que no se instara la recuperación del 10% “cuando se contaba con una posición contundente del Consello de Contas. No se realizó ni un solo intento y esa sustracción y falta de recuperación revisten un carácter delictivo flagrante”.

Cabezas quiere que Soto pague

José Fernández defiende al exalcalde Cabezas. “Ha soportado siete años de calvario judicial por unos hechos de hace un cuarto de siglo, pero vende mucho más un político que supuestamente ha cometido un delito”, introdujo el defensor.

“El informe es legal pero los que aplican el informe son delincuentes, es kafkiano”, cuestiona la defensa de Cabezas

Además de reiterar la falta de legitimación de la acusación popular –una base de nulidad, en su opinión–, la parte subrayó que “por mucho que duela y la palabra dé urticaria a las acusaciones, los informes eran favorables. Se imponía el criterio del secretario. Nadie ha dicho que se impusiera el criterio del alcalde. El alcalde es una especie de todopoderoso onmicomprensivo, me imagino que será garante hasta de las multas de tráfico”, ironizó.

Los abogados de la defensa, José Fernández y Jorge Temes. INAKI OSORIO

Llamó la atención sobre el hecho de que el secretario, en cuyo parecer se apoyaron los acusados, nunca fue investigado, pero sin embargo los políticos sí. El acuerdo de 1994 “no era nulo”, defiende. “El informe es legal pero los que aplican el informe son delincuentes, es kafkiano”, cuestionó el abogado.

La defensa del exalcalde califica de “obscenidad” que Soto, concejala en la oposición de 2003 a 2007 y titular de Urbanismo de 2007 a 2015, “acuse de algo que ella no hizo”, reclamar el 10% no cedido. El abogado pide las costas. “Merece no solo que pierda este juicio sino cargar con las consecuencias económicas”

Para descartar que ese informe no valga por parcial, Fernández recordó que el secretario fue condenado en firme en 2009 por calumniar al exalcalde, también lo denunció por prevaricación (sobreseído) y sufrió un expediente disciplinario cuya sanción de 9 meses confirmaría el TSXG.

El criterio "machacón" del secretario

El abogado esgrime que Contas no estableció que se debiera recuperar el 10% no cedido. Además incidió en que el Concello no se ha personado, por lo que no cabe indemnizar. Califica de “obscenidad” que Soto, concejala en la oposición de 2003 a 2007 y titular de Urbanismo de 2007 a 2015, “acuse de algo que ella no hizo”, reclamar el 10% no cedido. La defensa pide las costas. “Merece no solo que pierda este juicio sino cargar con las consecuencias económicas”.

Jorge Temes, abogado de Labrador, esgrime que no obró con arbitrariedad sino siguiendo las propuestas de aprobación de los técnicos. El exedil no era el que aprobaba, sino que “actuaba como recadero, llevando a la comisión los informes que estaban completos y con propuesta de aprobación. Cumplió con todo lo que se ordenaba y con todos los requisitos legales para poder presentar a las comisiones”. Temes apela al “criterio machaconamente mantenido” por el secretario sobre la exención del 10%.

La sala de magistrados de la Audiencia Provincial que dictará sentencia. INAKI OSORIO

Cabezas: “Mis padres vieron nacer este caso pero no terminar”

Tras agradecer el “trato exquisito” de la Audiencia en su derecho a última palabra, Manuel Cabezas habló de emociones. “Mis padres vieron nacer este caso pero no cómo terminará”. El coacusado Campo Labrador se explayó para reiterar su defensa. “Hoy haría exactamente lo mismo, con la salvedad de no llegaría a juicio. Es una aberración estar aquí”, dijo.

“El secretario me decía rotundamente que no tenía nada que alegar. Era la persona más versada en temas urbanísticos. Yo era un político, no un jurídico, y me limitaba a hacer lo que decía el informe, que proponía aprobar. Nunca he llevado nada a la comisión que no fuese favorable”.


Ricardo Campo Labrador y Manuel Cabezas, este jueves, en la cuarta y última sesión del juicio. INAKI OSORIO