En 2014, después de que el gobierno ourensano de izquierdas y ella especialmente sufrieran una oleada de denuncias –la mayoría del actual alcalde, Gonzalo Jácome; de todas saldrían absueltos los investigados–, Áurea Soto (PSdeG) se hartó y acudió al juzgado.

Su acción por la vía penal contra la exención a determinados promotores del 10% de sus proyectos privados, sienta en el banquillo al exalcalde del PP Manuel Cabezas y al exconcejal Ricardo Campo Labrador, acusados de prevaricación y malversación continuadas, por la aprobación de 15 promociones sin cesión de suelo para interés público entre los años 1999 y 2002.

Áurea Soto, que fue edil de la oposición entre 2003 y 2007 y responsable del área de Urbanismo entre 2007 y 2015, ejerce la acusación popular. Fue una de las testigos que compareció este miércoles en la tercera sesión del juicio.

Áurea Soto: "En los informes técnicos y jurídicos se decía en todos que no se estaba cumpliendo la ley"

Frente a los encausados, que se amparan en un acuerdo plenario de 1994 a favor de la exención en virtud de dos informes en ese sentido del secretario, la exconcejala y arquitecta de profesión afirmó: “La cesión debía hacerse de manera indubitada, no era interpretable, sino por aplicación del artículo 47 de la Constitución. No se podía aplicar un acuerdo contrario a ley, lo decía con claridad meridiana la ley de 97. En Ourense había una situación singular, tal y como reflejó el Consello de Contas en su informe de fiscalización, que alarmó mucho. Las cosas que he escuchado sobre urbanismo en Ourense no las he escuchado en ningún sitio. Estábamos en plena burbuja y todo el mundo lo conocía. En los informes técnicos y jurídicos se decía en todos que no se estaba cumpliendo la ley”, hiló la exedil en su interrogatorio.

La denunciante sostiene que, cuando llegó a la corporación en el año 2003, expresó la convicción de que la exención “no podía ocurrir más”. Según su testimonio, cuando el Consello de Contas remitió el informe de fiscalización urbanística en el que cifraba el posible perjuicio en 1,651 millones de euros hubo polémica política, hasta el punto de que el entonces edil de Urbanismo, Enrique Nóvoa –sucedió en el cargo al acusado Campo Labrador– solicitó en 2007 un informe a dos técnicos en el que pedía que cifraran el alcance económico de haber perdonado las exenciones.

Soto: “Entre los técnicos no había ningún debate, todo el mundo estaba escandalizado y tenía miedo, la presión debió de ser enorme”

Según Nóvoa –que ejerció unos meses como alcalde tras la marcha de Cabezas, antes de las elecciones–, lo hizo para disponer, a modo de “hipótesis”, de una “defensa” contra “un debate público y político provocado por Áurea Soto”. El Concello no puso en marcha ninguna revisión para intentar recuperar el importe no percibido.

Áurea Soto, ante los tres magistrados de la Audiencia Provincial. FERNANDO CASANOVA

Soto asegura que existía una “presión” para que la exención se mantuviera. “La lucha que tuvimos cuando entramos en el gobierno fue constante”, dijo. “Entre los técnicos no había ningún debate, todo el mundo estaba escandalizado y tenía miedo, la presión debió de ser enorme”, manifestó sobre las advertencias de ilegalidad que, pese a todo, los funcionarios plasmaron en informes favorables con propuesta de aprobación, tal y como esgrimen los abogados.

La exconcejala recordó que, aun con un nuevo plan en vigor, el del 2003, y por lo tanto ya sin efectos el acuerdo plenario de 1994 que avaló no pedir el 10%, y a pesar de que el secretario le dijo que “ya no volvería a ocurrir nunca más, una vez aprobado el plan”, se llevaron a cabo dos actuaciones urbanísticas en las que se mantuvo el aprovechamiento íntegro por parte de los promotores. “Me enteré de una en los pasillos y pedí documentación”.

Soto: "Esto no solo ocurrió por la parte política sino también por la parte beneficiada. La presión para que esto se siguiera manteniendo fue enorme"

Uno de esos proyectos sin cesión fue en la zona del campus universitario, que después sería revocado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la junta de gobierno local. Labrador ya no era concejal entonces.

Las defensas cuestionaron a Soto por no haber denunciado ya en 2007. “Pregunté a la jurídica del servicio de urbanismo qué teníamos que hacer y la contestación es que estaba prescrito”.

Además la exconcejala recordó que, a su llegada a Urbanismo, tuvo que hacer frente a “un trabajo descomunal” tras la nulidad del PXOM de 2003, “que fue anulado porque se cambiaron los planos y hubo unas recalificaciones descomunales”.

Soto hizo una reflexión sobre estas presuntas corruptelas que operaban entonces. “Esto no solo ocurrió por la parte política sino también por la parte beneficiada. La presión para que esto se siguiera manteniendo fue enorme”. Y añadió al abogado del exalcalde: “Mi obsesión no es Manuel Cabezas, sino que esto parase y no volviera a ocurrir”.

Las defensas cuestionaron a Soto por no haber denunciado ya en 2007. “Pregunté a la jurídica del servicio de urbanismo qué teníamos que hacer y la contestación es que estaba prescrito”. Además la exconcejala recordó que, a su llegada a Urbanismo, tuvo que hacer frente a “un trabajo descomunal” tras la nulidad del PXOM de 2003, “que fue anulado porque se cambiaron los planos y hubo unas recalificaciones descomunales”.

Este jueves se celebra la sesión final del juicio. FERNANDO CASANOVA

El secretario que avaló la exención era “brillante” y “sabía mucho de urbanismo”, alegan exediles del PP

Varios expolíticos de Ourense declaran como testigos, a propuesta de las defensas, para hacer ver que la aprobación de los proyectos urbanísticos se hizo sin votos desfavorables y en órganos colegiados. Entre los que intervinieron el miércoles está el exedil y exalcalde Enrique Nóvoa, Poly, que fue concejal de Urbanismo después del acusado Campo Labrador, a partir de 2003. “Todos los expedientes se aprobaban por unanimidad”, con informes a favor y el visto bueno del secretario, dijo.

Enrique Nóvoa sobre Manuel Cabezas: "Siempre nos avisaba de que lleváramos los informes con el acuerdo favorable. Era algo prioritario para él"

Enrique Nóvoa: “Obraría otra vez igual, actuamos en conciencia aprobando todo según los informes de los técnicos”

“Entendía mucho de urbanismo, yo estaba totalmente respaldado por sus informes y, como siempre fueron favorables, me sentía tranquilo”, manifestó. Antes de la aprobación de los proyectos existía la posibilidad de consultas por parte de la oposición. “Podían venir a revisar y en más de una ocasión solicitaron información, así que llamábamos al técnico y él venía a explicar”, recordó.

Sobre su “amigo” Manuel Cabezas, Nóvoa dijo: “Siempre nos avisaba de que lleváramos los informes con el acuerdo favorable, era algo prioritario para él”. Varios exediles del PP, ahora testigos, fueron investigados por haber formado parte de las juntas de gobierno que aprobaron los proyectos urbanísticos de este juicio. “Obraría otra vez igual, actuamos en conciencia aprobando todo según los informes de los técnicos”, afirmó Nóvoa.

El "informe elefante" del secretario

Afeó a Soto que no hubiera actuado para recuperar el supuesto perjuicio, o denunciado antes. “Tuvo la oportunidad pero no hizo nada. Por eso no sé qué hacemos aquí tantos años después”. Algunos de los exediles del PP se querellaron contra Soto por no haber reclamado ella el resarcimiento del 10%, pero esa denuncia no llegó a nada.

El exconcejal Javier Rodríguez Nóvoa dijo que nunca hubo debate ni polémica sobre los expedientes, además de considerar al secretario como “brillante y seguro de sí mismo”. El exconcejal José Luis Rodríguez Cid incidió en que el acuerdo plenario del 1994 estaba avalado por el informe del secretario, al que llamaban "informe elefante", por su extensión.

Afirma que nunca vio las advertencias de los técnicos y que todo se aprobaba con informes favorables. Reprodujeron en vídeo la declaración de Julio Díaz Salcedo. El acuerdo del 94 se hizo para favorecer el mercado inmobiliario, según su testimonio.