Mariano Rodríguez, fallecido en 2021, fue el secretario del Concello de Ourense entre 1991 y 2005. Su voz se escuchó este martes, de nuevo, en el juicio contra el exalcalde Manuel Cabezas y el exconcejal Ricardo Campo Labrador, acusados de prevaricación y malversación por el caso del 10%.

En la sala se reprodujo su manifestación como testigo en instrucción, de enero de 2017 desde un juzgado de León. El técnico, el que realizó dos informes a favor de la posterior aprobación en un pleno de 1994 de la exención a promotores de ceder el 10% del suelo de sus proyectos privados, arremetió en la declaración contra el exregidor.

"He tenido problemas, graves problemas, al decir ‘esto no está bien’, es decir al advertir al señor alcalde y a los concejales de urbanismo de que aquello no era correcto"

Había un contexto de enemistad. En 2009, Rodríguez fue condenado por calumniar a Manuel Cabezas, tras asegurar que se había lucrado con el desarrollo urbanístico y que cada convenio con promotores era “un pelotazo. Todo se contesta con el capital acumulado por este señor”, dijo.

Como testigo de este procedimiento, culpó al exalcalde de haber operado con una “administración paralela” y de remitirle “los menos expedientes posibles. Un montón de cuestiones se sustraían de mi conocimiento”.

Según sus palabras, “cada vez que tenía que informar, tenía la presión del alcalde de que hiciera las cosas para salvar todos sus pelotazos; yo no podía salvar los pelotazos del alcalde y los concejales (...) He tenido problemas, graves problemas, al decir ‘esto no está bien’, es decir al advertir al señor alcalde y a los concejales de urbanismo de que aquello no era correcto”.

Un técnico de urbanismo: "Ese acuerdo debería de haber sido expulsado del ordenamiento jurídico. Y si no expulsado, no debería de haber sido aplicado. En mi opinión, es un acuerdo nulo de pleno derecho. Es un acto administrativo que se podía anular"

Sobre la naturaleza de su informe a favor de no reclamar el 10% –el Concello de Ourense dejó de percibir 1,651 millones de euros entre 1999 y 2002, el periodo enjuiciado, antes de que hubiera un nuevo plan urbanístico–, el exsecretario indicó en 2017 que “el problema surgió porque había una serie de señores que habían presentado unas licencias y, de no concederse, habrían reclamado contra el ayuntamiento. Todos los grupos estaban de acuerdo de que había que salir de ese callejón sin salida. Yo consideré que había que informar favorablemente para salir de esa situación”, expuso.

Los dos acusados, en la segunda sesión del juicio. F. CASANOVA

En la segunda sesión del juicio, el actual jefe de servicio de planeamiento y gestión urbanística plasmó en varios informes –si bien, favorables a la aprobación– que se incumplía la ley al no realizarse la cesión del 10%. Por el principio de jerarquía normativa, la legislación autonómica y estatal del suelo prevalecía, cuando entraron en vigor, sobre el acuerdo plenario de 1994.

“No era coherente y conforme con la legislación”, afirmó el técnico. “Fue adoptado con un procedimiento que reviste legalidad y podía tener sentido en su momento, pero el devenir legislativo hace que ese acuerdo debería de haber sido expulsado del ordenamiento jurídico. Y si no expulsado, no debería de haber sido aplicado. En mi opinión, es un acuerdo nulo de pleno derecho. Es un acto administrativo que se podía anular”, afirmó.

Un funcionario considera que el edil “debería haber visto los informes en los que dos personas advierten de posible legalidad, ver por qué informan reiterada y sistemáticamente de que no se cumple la legalidad vigente”

"Al analizar los proyectos de compensación lo teníamos claro: no cumple la ley"

“No haría bien mi trabajo si obvio un acuerdo plenario tomado por la mayoría de la corporación. Es un acuerdo válido, eficaz pero toma una decisión que no es correcta, en mi opinión”, precisó este técnico.

“Una cosa es que hubiera un acuerdo, en base a un informe del secretario, y otra es que los demás pensemos que hubo una correcta aplicación de la ley”. En alusión a él y a un arquitecto técnico que se expresó por escrito en términos parecidos, el funcionario declaró este martes: “Al analizar los proyectos de compensación lo teníamos claro: esto [la no exigencia del 10% a promotores] no cumple la ley”.

Decidió informar favorablemente pese a no estar de acuerdo, al existir ese acuerdo casi unánime de la corporación. “Por mucho que yo entienda que el acuerdo es nulo de pleno derecho y debía de ser expulsado del ordenamiento jurídico, no puedo desconocer un acuerdo con mayoría de 26 votos de 27”.

Acusados, defensas y algunos testigos antes del inicio de la sesión. J. F.

“Se propone la aprobación”, recordó el abogado de Campo que decían sus informes. Cree que el edil “debería haber visto los informes en los que dos personas advierten de posible legalidad, ver por qué informan reiterada y sistemáticamente de que no se cumple la legalidad vigente”.

Labrador “tenía informes jurídicos y técnicos contradictorios, es evidente que existe una mínima duda jurídica, y esa duda le debería de haber surgido, pero decidió tomar esa vía con los informes que había”.

La defensa incidió en que el técnico hizo alegaciones contra el informe del Consello de Contas, el organismo que fiscalizó la gestión urbanística de Ourense entre 1999 y 2002, y cifró el posible perjuicio por perdonar el 10% en 1,65 millones. El funcionario afirmó que no existía dolo en los ediles que votaron el acuerdo de 1994. “Yo estoy ahí defendiendo a mi corporación, tengo que defender la postura de mi corporación”.

Otros testigos

Otra técnica que trabajó en urbanismo también consideró que la cesión del 10% era preceptiva, al contrario que el secretario. “El criterio del secretario debía preponderar siempre, era mi superior jerárquico”, considera esta testigo.

El interventor también declaró en la sesión de este martes. Recordó que el Consello de Contas “tiene mecanismos propios para poner de manifiesto las actuaciones que merecen un reproche penal o contable”, lo que no ocurrió en este caso. La revisión por parte del Concello “difícilmente” sería posible, al caducar a los 4 años el plazo para hacerlo.