Han pasado 26 años desde que Manuel Cabezas Enríquez tomó el bastón de mando de la ciudad de Ourense por el Partido Popular y 14 desde que lo dejó en manos de su sucesor, Enrique Nóvoa, pero es ahora, en 2022 cuando deberá responder ante un tribunal por sus acciones en materia urbanística durante aquella época.
En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, en el que se sentará durante cinco días desde hoy, le acompañará el exconcejal Ricardo Campo Labrador, que fue miembro de su equipo como responsable del área de Urbanismo (1999-2004). Ambos están acusados de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos por la denominada causa del 10% que derivó de la denuncia interpuesta por la exedil socialista Áurea Soto, que les acusó de no reclamar a promotores y constructores el preceptivo aprovechamiento urbanístico del 10% en 15 proyectos de compensación, provocando un perjuicio al Concello de Ourense, asegura, de 1,6 millones de euros.
La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno de ellos, 17 de inhabilitación y el pago individual de 1,58 y 1,19 millones de euros, respectivamente.
La acusación pública señala en su escrito que Cabezas actuó “en connivencia” con Campo Labrador, guiados los dos “por un ánimo de enriquecimiento injusto”. Afirma que ambos “aprovecharon los cargos públicos que ostentaban” para “convertir el patrimonio municipal en beneficios privados”. Para ello, entre los años 1997 y 2002, “aprobaron quince proyectos de compensación , en suelo urbano no consolidado, sin exigir la cesión del 10%, pese a ser preceptiva”.
Ambos acusados defienden que existían informes técnicos y jurídicos a favor, que intervinieron órganos colegiados y que hubo un acuerdo mayoritario del pleno en 1994, cuando gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo, que autorizaba la exención a los promotores.
La Audiencia ha reservado cinco días para este juicio, que arranca hoy con el interrogatorio de los dos acusados y finaliza el viernes con las conclusiones de las partes. Como testigos están citados exconcejales, técnicos municipales e incluso el exalcalde Manuel Veiga Pombo.
