Las bajas por COVID, que afectan a empresas privadas y públicas de Ourense ciudad y provincia, también están mermando determinadas áreas de gestión del Concello, que en algún caso tienen hasta cinco personas en casa con coronavirus, lo que, de acuerdo a datos no oficiales ofrecidos por los funcionarios, también estaría afectando a la capacidad de gestión de esos servicios.
Sin embargo, en este contexto de incertidumbre “no tenemos cifras oficiales y el alcalde, que es el responsable del comité de salud, no nos informa y nos tememos que los 30 casos que se conocieron hace un mes en dos servicios se han multiplicado, como está ocurriendo en el resto de la ciudad y provincia”, explica Manuel Pérez, responsable de la sección sindical de CC OO en el Concello de Ourense.
Los representantes sindicales de los trabajadores van obteniendo sus datos de acuerdo a lo que observan los funcionarios de algunos servicios, pero sin confirmación oficial. Para Manuel Pérez “es fundamental evitar contagios entre los trabajadores, adoptar todas las medidas referidas el control de aforos o limpieza diaria de superficies, respetar la distancia de seguridad entre trabajadores y entre ciudadanos, control de entrada y salida y la utilización de mascarillas adecuadas el nivel de riesgo que tenemos a fecha de hoy”.
Además, debe asegurarse una correcta ventilación en los lugares de trabajo, espacios interiores y zonas de espera”, indica. Advierte de que “es una ocultación diaria y no conseguimos saber cómo está afectando el COVID, con datos aportados semanalmente o cada quince días, como se exige, y nos parece que es irresponsable absolutamente por parte del alcalde, el máximo responsable del área de Personal”, advierte.
Los servicios de mayor riesgo en donde deben extremarse las medias son “Registro –en especial desde que se habilitó la nueva oficina en la calle Barrera con Doctor Marañón que no garantiza entradas amplias, afirma–, así como Estadística, Oficina Municipal de A Ponte, Atención al Ciudadano, Hacienda y Recaudación”.
Son puntos en los que se atiende de forma presencial y con cita previa, pero también con cita telefónica, para evitar aglomeraciones.
El comité de salud tiene que convocarse cada tres meses “y tardaron más de seis, esto es reírse de los representantes sindicales y de los propios funcionarios municipales”, advierte el portavoz sindical.
El tema COVID, así como la garantía de mecanismos de prevención e información constante, es uno de los frentes sindicales de Comisiones que, además, tiene una triple línea de movilización contra el gobierno local. Por un lado anuncia una denuncia judicial –si no hay diálogo–, “que haremos en breve, “ contra la nueva jornada laboral en el Concello, “una idea del alcalde, pues hasta el coordinador del Concello le recomendó lo contrario”.
También inician un ciclo de movilizaciones mensuales. La primera bajo el lema “no somos vagos, mafia laboral, ni pederastas”, para reclamar de nuevo al Concello respeto a los trabajadores, con un calendario de concentraciones en las que piden respeto, y todo un calendario de reivindicaciones laborales. Además, anuncian que irán por la vía penal contra el asesor municipal que insinuó que había supuesto uso de redes del Concello para consultas pedófilas. Si, como esperan, se archiva el tema, sin ningún tipo de pruebas de estas dudas expuestas en redes.
Respeto por los trabajadores; nueva negociación de la jornada laboral y del horario de atención a ciudadanía; convocatoria urgente de los concursos y promoción interna son algunas de las peticiones. Las movilizaciones serán cada mes ante el pleno municipal.
CC OO: “Iremos por la vía penal por lo de la pederastia"
“Pois para caprichitos os caprichos pederastas dalgúns traballadores do Concello. Conmino a Policía e Guardia Civil que busque contidos pederastas en contas oficiais do Concello, que seguro que os atopa”. Este era el comentario que realizó en sus redes un asesor del alcalde en noviembre del pasado año, lo que alteró los ánimos de los funcionarios. Manuel Pérez advierte de que como representantes de los trabajadores lo tienen claro. “Es muy grave lo que se hizo y ya anunciamos que si la investigación que está realizando la Policía se archiva, sin ningún tipo de resultados, iremos directamente a la vía penal contra la persona que hizo esas declaraciones. Es más, todo apunta que si hubo alguna consulta de ese tipo, pudo ser alguna persona o empresa contratadas por el Concello, pero tal y como se dijo daba la impresión de que se culpaba a los funcionarios y a más de uno”, indica Manuel Pérez También se han posicionado los trabajadores en relación con la dimisión del director general de Recursos Humanos, que había contratado Jácome como uno de sus fichajes estrella para resolver los problemas de personal y reparto de plantilla del Concello de Ourense. “Esta decisión se veía venir, pues dada la falta de personal que hay en todos los departamentos, y sobre todo en Personal, se vio incapaz de resolver los problemas que tenemos encima de la mesa desde hace dos años y que perjudican a los trabajadores del Concello”, indica el sindicato. Calculan en unas 300 las plazas que han quedado vacantes por jubilación en los últimos años y no se cubrieron o están pendientes de convocatoria en el Concello.
