El juicio contra el cazador autor del disparo y contra el responsable de una batida en la que falleció por accidente otro participante, en San Xoán de Río en 2020, se pospone hasta mediados de julio, e introducirá –salvo que la Audiencia Provincial inadmita la prueba– un nuevo elemento aportado ayer, en la sala, por la acusación particular.
Por “respeto a la familia, que tiene el derecho a a conocer la verdad”, esta parte, a la que representa Arturo González Salve, pide que se investigue si un testigo del accidente recibió presiones para que no modificara su declaración en el juzgado. El letrado, que sí cree que fue un accidente, aportó ayer las capturas de un wasap de grupo y solicita que se cite a otras cuatro personas además de las ya convocadas al juicio.
“Presuntamente los hechos ocurridos no son como se habían relatado durante la fase de instrucción y se presionó supuestamente, de alguna manera, a un testigo que quería cambiar su declaración y decir la verdad, para que no lo hiciera, diciéndole que el único perjudicado sería él y que se le podrían abrir unas diligencias por falso testimonio. Los wasaps revelan que la versión que se ha dado del accidente por parte de los que han declarado en la causa como testigos no es presuntamente la verdadera, y queremos saber cuál es”, explicó.
El letrado hizo entrega del terminal telefónico del fallecido. Cuando la hija lo encendió después de los hechos, entraron una serie de mensajes entre los que estaban los de un grupo de wasap de cazadores, del que formaban parte los encausados y todavía la víctima, además de otros compañeros de cacerías. La acusación particular ya había formulado su escrito de calificación, motivo por el que la presentación de esta prueba se produjo aún ayer, expuso el letrado.
El fiscal del caso, Mario Brualla, propuso la suspensión de la vista para que se pueda analizar, por parte de un perito informático, la veracidad de los mensajes, y para que el Penal 1 pueda citar a los testigos que tengan que aclarar “si han recibido o no presiones para modificar su declaración sobre los hechos”.
Las defensas se opusieron, al ver “mala fe procesal” por la aportación de la prueba justo antes del inicio del juicio, y no con anterioridad, puesto que los mensajes son de meses antes a la presentación de los escritos de defensa. “Es inadmisible y supone una alteración del derecho de defensa”, expuso el letrado Pablo Quintas, tras recordar que la acusación particular tiene en su poder las conversaciones desde hace más de un año.
“No se puede llegar al día del juicio y aportarlas, sin que las defensas hayan tenido oportunidad de someterlas al principio de contradicción, de manera que no violente el derecho a la tutela judicial efectivo”, subrayó el letrado.
“Si un señor ha mentido que se le deduzca testimonio, tiene que apechugar con las consecuencias. Pero no es un motivo de suspensión sino de llamada de atención al compañero”, dijo Quintas.
La jueza busca evitar nulidades
La abogada del otro encausado, Teresa González, cree que “aportar ahora unos wasaps que tiene desde noviembre de 2020 priva de comprobar la autenticidad y de que accedan a los autos de manera correcta. Esta forma de proceder no es admisible ni ortodoxa, y vulnera el derecho de defensa. El Supremo dice que se deben adoptar todas las cautelas con este tipo de pruebas”. Los dos abogados de las compañías aseguradoras también se opusieron a la admisión y a la suspensión, finalmente acordadas.
La magistrada del Penal 1, Blanca Díez, decidió aplazar a julio el juicio para poder practicar la prueba pericial sobre la autenticidad de los mensajes. “La ley permite aportarla como cuestión previa y, si no la acepto, puede haber una nulidad por una indefensión de esta parte en el caso de que la manifiesten en apelación”, subrayó la jueza.
“Pero es que también puede producirse una nulidad por admitirla, al convertir al Penal en un juzgado instructor”, rebatió Pablo Quintas.
“No soy partidaria de suspender pero no me queda otra solución que hacerlo para designar un perito, citar a los testigos y comprobar la veracidad”, mantuvo la autoridad.
Los abogados expresaron su protesta y recurrirán a la Audiencia Provincial contra la admisión de la prueba. En el caso de que no se considerara pertinente, la vista se celebraría en la nueva fecha, en julio, sin tenerla en cuenta.
Un disparo fatídico y las versiones de las partes: las defensas alegan que la víctima se movió
El 19 de enero de 2020, el fallecido, que tenía 59 años, una esposa y una hija que dependían económicamente de él –la acusación particular solicita 285.000 euros– recibió un disparo mortal que el cazador acusado efectuó –según la Fiscalía– cuando iba a ayudar a recoger a los perros y a rematar a un jabalí herido, en San Xoán de Río.
El fiscal solicita 2 años de prisión para ambos encausados, y la acusación particular eleva la petición a 3 y 2 años y medio, por un presunto delito de homicidio por imprudencia. En la batida participaron un total de quince cazadores. La Fiscalía sostiene que los encausados infringieron varias normas de seguridad. Acusa al cazador de hacer los disparos “fuera del puesto asignado en la batida, sin conocer la posición de los compañeros”, adentrándose en una zona de adiestramiento de perros y aves de cetrería “en la que está prohibida la caza”.
Sobre el responsable de la batida, el fiscal afirma que tenía la obligación de adoptar las medidas de seguridad y colocación, y de “dar las debidas instrucciones” a los cazadores. “Infringió estos deberes de cuidado” al ordenar a 5 hombres –él, el otro acusado y la víctima, entre ellos– que fueran a la zona de adiestramiento a recoger los perros y a abatir al jabalí herido.
“Sabía que los cazadores podían hacer fuego fuera del puesto que tenían asignado para la actividad de caza”, ordenando presuntamente recoger los perros y abatir al jabalí en una zona “donde está prohibida la caza”, expone el fiscal en su escrito.
La defensa de este acusado sostiene que se acordó ir al lugar del disparo fatídico para buscar a los perros y rematar a la pieza herida, cumpliendo las “buenas prácticas” de recuperar cuanto antes a los canes y dar “una muerte rápida” a las piezas heridas.
“El desgraciado accidente”, dice esta parte en su escrito, ocurrió “al haberse desplazado el fallecido, tras oír el primer disparo”, de una posición a un cortafuego, “a buen seguro” creyendo que el cazador acusado ya había abatido al jabalí, “acercándose al lugar para ayudar a sacarlo”. Añade que el organizador no puede ser responsable de que no sigan sus instrucciones o se efectúen disparos que no abatan las piezas o en una trayectoria “que resultaría fatal”.
La defensa del autor del disparo alega que el grupo se adentró para matar al jabalí herido, o reducirlo, “no para seguir cazando, y así evitar males mayores”. Lo hicieron, añade, “cumpliendo las órdenes que acertadamente” dio el responsable de la batida.
Esta parte señala que fue el fallecido el que se movió de su lugar, sin comunicarlo, y que el acusado no podía saber su paradero.
