En unos días se cumplirán cuatro años de la detención de los policías gemelos Roy y Bernardo D. L., que siguen investigados por la muerte de un compañero, en la comisaría de Ourense, el 9 de abril de 2016. Celso B. A. falleció de un disparo, en un despacho, tras recibir un tiro de una de las seis armas desaparecidas del búnker de la sede policial en agosto de 2014.
La UDEV y la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, sospechan que fue un asesinato para evitar que se descubriera la trama de las pistolas y los anónimos, mientras que Asuntos Internos cree que fue un suicidio. Hasta la fecha, la Fiscalía y la defensa sostienen que no hay pruebas de que la muerte fuera un crimen, basándose en varios informes que se inclinan por la autolisis.
Camino de los seis años desde el inicio de la instrucción, los dos inspectores han solicitado, a través de su defensa, que se deje sin efecto la medida cautelar, contra un hipotético riesgo de fuga, que aún los obliga a comparecer cada semana en el juzgado. El abogado Neil González alega el tiempo transcurrido, así como el estricto cumplimiento por parte de los clientes, cuyo arraigo familiar y social está en Ourense. El letrado acudirá en apelación a la Audiencia Provincial si la magistrada desestima su petición.
La instrucción está pendiente de una solicitud de información a Estados Unidos, sobre aplicaciones del móvil. “No se pueden seguir manteniendo esas medidas sine die, mientras no llegue una comisión rogatoria que puede que no se reciba nunca”, expone el defensor. “La petición se realizó el 2 de diciembre y se ha reiterado posteriormente, sin que a día de hoy se haya resuelto”, añade Neil González.
La sala ya rebajó en su día, en diciembre de 2018, las medidas cautelares que la jueza había impuesto en julio de ese año, tras tomar declaración a los hermanos en calidad de investigados. De 100.000 a 60.000 euros de fianza individual, y de una comparecencia diaria a una por semana.
