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Faro de Vigo

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La Diputación ofrece abogado a su personal y poder denunciar por ‘e-mail’ acoso sexual o laboral

Hoy entra en vigor un protocolo para funcionarios y cargos electos

El Pazo Provincial, sede de la Diputación de Ourense.

Con un formulario en el que deben figurar los datos de la víctima, los de la persona denunciada, una descripción de los hechos y un detalle de las pruebas, el personal de la Diputación de Ourense podrá denunciar ante la propia administración casos de acoso sexual o laboral. El 13 de diciembre, el presidente, Manuel Baltar, aprobó un protocolo de prevención y actuación contra este tipo de conductas. Es de aplicación a los funcionarios de la casa, organismos y entes dependientes, así como a sus cargos electos.

El texto, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia y que hoy entra en vigor, señala que la administración ourensana se compromete a “prevenir y actuar en las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo que puedan producirse, estableciendo las medidas necesarias para sensibilizar, prevenir y evitar que se produzca el acoso sexual y por razón de sexo, así como determinar concretamente las actuaciones de instrucción y sanciones internas y sus garantías en caso de que alguna persona trabajadora traslade alguna situación de este ámbito”.

La Diputación dice que llevará a cabo “de manera regular, medidas de prevención del acoso en sus diferentes modalidades”, como la realización de planes formativos, campañas o encuestas anónimas. Cualquier persona que se considere víctima de acoso sexual o laboral, o que tenga conocimiento de los hechos, podrá presentar una denuncia a través del Registro Electrónico de la Diputación, o al correo electrónico de la jefatura del servicio de Recursos Humanos.

Si hay delito, aviso a la Fiscalía

Tras la denuncia, se abrirá un expediente de carácter reservado para llevar a cabo una investigación sumaria, tomando declaración a los afectados y posibles testigos. Es obligada la confidencialidad. El objetivo es “adoptar las medidas precautorias que procedan [por ejemplo, separar a víctima y acosador] y el inicio de las acciones administrativas o judiciales oportunas, para descartar denuncias falsas o manifiestamente infundadas, y sin prejuzgar en ningún momento la presunción de inocencia”, subraya la Diputación. Si los hechos son constitutivos de delito se informará a la Fiscalía.

“En los supuestos en que se inicien procesos judiciales contra el presunto agresor o agresora” –indica el protocolo–, “los y las empleadas públicos y cargos electos provinciales que fueran víctimas de los hechos tendrán derecho a la prestación de asistencia jurídica por parte de la Diputación, para su actuación como acusación particular en el proceso”. Además, la administración se personará en calidad de acusación popular.

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