Con un formulario en el que deben figurar los datos de la víctima, los de la persona denunciada, una descripción de los hechos y un detalle de las pruebas, el personal de la Diputación de Ourense podrá denunciar ante la propia administración casos de acoso sexual o laboral. El 13 de diciembre, el presidente, Manuel Baltar, aprobó un protocolo de prevención y actuación contra este tipo de conductas. Es de aplicación a los funcionarios de la casa, organismos y entes dependientes, así como a sus cargos electos.
El texto, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia y que hoy entra en vigor, señala que la administración ourensana se compromete a “prevenir y actuar en las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo que puedan producirse, estableciendo las medidas necesarias para sensibilizar, prevenir y evitar que se produzca el acoso sexual y por razón de sexo, así como determinar concretamente las actuaciones de instrucción y sanciones internas y sus garantías en caso de que alguna persona trabajadora traslade alguna situación de este ámbito”.
La Diputación dice que llevará a cabo “de manera regular, medidas de prevención del acoso en sus diferentes modalidades”, como la realización de planes formativos, campañas o encuestas anónimas. Cualquier persona que se considere víctima de acoso sexual o laboral, o que tenga conocimiento de los hechos, podrá presentar una denuncia a través del Registro Electrónico de la Diputación, o al correo electrónico de la jefatura del servicio de Recursos Humanos.
Si hay delito, aviso a la Fiscalía
Tras la denuncia, se abrirá un expediente de carácter reservado para llevar a cabo una investigación sumaria, tomando declaración a los afectados y posibles testigos. Es obligada la confidencialidad. El objetivo es “adoptar las medidas precautorias que procedan [por ejemplo, separar a víctima y acosador] y el inicio de las acciones administrativas o judiciales oportunas, para descartar denuncias falsas o manifiestamente infundadas, y sin prejuzgar en ningún momento la presunción de inocencia”, subraya la Diputación. Si los hechos son constitutivos de delito se informará a la Fiscalía.
“En los supuestos en que se inicien procesos judiciales contra el presunto agresor o agresora” –indica el protocolo–, “los y las empleadas públicos y cargos electos provinciales que fueran víctimas de los hechos tendrán derecho a la prestación de asistencia jurídica por parte de la Diputación, para su actuación como acusación particular en el proceso”. Además, la administración se personará en calidad de acusación popular.
