Al Sindicato Labrego Galego le preocupa la ordenanza aprobada por el Concello de Castrelo do Val que contempla multas de entre los 750 y los 1.500 euros para quien no recoja los excrementos de sus vacas u ovejas que atraviesen el casco urbano. Dice que es un “ejemplo paradigmático de la irracionalidad de legislar desde el medio rural adoptando los condicionantes de una realidad totalmente distinta, la urbana, poniendo trabas y penalizaciones absurdas” y “dificultando aún más la supervivencia de las actividades ganaderas”. Y critica que se considere también una infracción muy grave “una perturbación relevante de convivencia con afección directa e inmediata de la tranquilidad”, dejando abierta la posibilidad de denunciar, por ejemplo, que el sonido de la “chocas” rompe la tranquilidad.
