Los deberes del alcalde con la justicia en relación a la gestión de fondos de su partido, Democracia Ourensana, se saldan, por el momento, en tablas. Por un lado, la Audiencia Provincial decretó en noviembre el sobreseimiento provisional de una causa que había nacido de la denuncia de un exasesor, Bruno Blanco, sobre supuestas donaciones forzosas, a la que se unió un escrito en el que, como gran detonante de la crisis que quebraría el pacto DO-PP en septiembre de 2020, los ediles críticos plasmaban unas presuntas irregularidades en el uso del dinero del partido.
Por otro lado, una querella de la fiscala jefa de Ourense por presunta malversación continuada –Eva Regueiro registró el escrito en octubre– lleva a Gonzalo Jácome a comparecer, en calidad de investigado, ante el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, el próximo 28 de diciembre, si es que el señalamiento no se suspende porque la defensa ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto de admisión a trámite de la acción de la Fiscalía.
Los exafines que sostenían la acusación contra Jácome en la primera causa –el antiguo asesor y también el concejal y exvicepresidente de DO, Manuel Álvarez, ambos integrados ahora en la formación Coalición de Centro Democrático (CCD)– no renuncian a mantener acciones legales contra el regidor.
En su momento, su recurso contra un primer sobreseimiento de la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, dio lugar a la reapertura de las diligencias, en las que la jueza también apreciaba indicios de malversación. Tras el archivo decretado por la Audiencia que, en ese procedimiento inicial, había instado la Fiscalía, los exafines del alcalde están intentando personarse en la causa que nace de la querella del ministerio público.
Según explica Beatriz Seijo, la abogada de los en su día afines a Jácome, y ahora rivales, “solicitamos la personación en esta causa, pero el juez entiende que únicamente se trata de un solo delito de malversación de caudales públicos, con lo que solo se va a investigar dinero de procedencia pública y la forma en la que estas cantidades desaparecen del partido”, introduce la letrada.
La Fiscalía sostiene una querella contra el alcalde por un presunto delito de malversación continuada de caudales públicos, en relación a pagos y a retiradas de dinero de las cuentas del partido, entre los años 2015 y 2018, fondos que provenían de subvenciones públicas y que, para el objeto de este procedimiento judicial, rondan los 100.000 euros sumando un total de seis operaciones.
El ministerio público puso el foco en dos supuestas retiradas de dinero por parte de Jácome, mediante cheque: 20.000 euros retirados a su nombre el 29 de febrero de 2016 y otros 30.000 euros que el líder de la formación sacó por el mismo método el 14 de mayo de 2018.
Además de en cuál fue el destino de esos 50.000 euros, la causa también investiga cuatro pagos a Unión de Televisiones Gallegas S.A. a la que Jácome compraba la licencia del espacio de emisión de su propia televisión, Auria TV. En la querella, la Fiscalía dice que se tratan de tres pagos realizados en 2015, por cantidades de 4.669, 9.388 y 4.669 euros, más otros 30.987 de 2016.
“En nuestro recurso que en su día hicimos en Instrucción 3, que la Audiencia luego archivó sin entrar a valorar si se trataban o no de actuaciones delictivas, nosotros planteábamos que las donaciones seguían el mismo camino que los caudales públicos: personas que donaban para el sostenimiento del partido y no se justificaba a dónde iba ni la razón de hacerlas”, expone la representante legal de los exafines de Jácome.
Tras ver cerrada por la Audiencia Provincial la causa en la que solo ellos sostenían la acusación –debido a que la Fiscalía instaba el sobreseimiento–, intentaron ser parte en la causa actualmente en trámite en Instrucción 2. “Lo que se nos dice es que lo tramitemos de manera separada, también sin entrar a considerar la calidad delictiva de los hechos que ponemos de manifiesto. El magistrado insiste en que solo se trata sobre fondos de carácter público”.
Tras esa resolución del juez Doval, la abogada Beatriz Seijo formuló un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense, que no solo deberá resolver este planteamiento sino también el recurso de la defensa de Gonzalo Jácome contra el auto de admisión a trámite de la querella de la fiscala jefa.
“Siendo de procedencia pública o privada las cantidades que supuestamente desaparecen, lo que vengo a decir es que de alguna manera el modus operandi es el mismo, es decir, es Gonzalo Jácome el que se encarga de decidir dónde va el dinero, sin dar explicaciones a nadie, y parece que esos fondos están destinados para Auria Televisión. Yo voy a intentar por vía de apelación y, si no, siempre que mis clientes así lo decidan, estudiaremos presentar una querella diferente e iniciar otro procedimiento. En todo caso, esperaremos a ver qué resuelve la Audiencia Provincial”, señala la abogada.
La Fiscalía sostiene una querella contra el alcalde por un presunto delito de malversación continuada de caudales públicos, en relación a pagos y a retiradas de dinero de las cuentas del partido, entre los años 2015 y 2018, fondos que provenían de subvenciones públicas y que, para el objeto de este procedimiento judicial, rondan los 100.000 euros sumando un total de seis operaciones. El ministerio público puso el foco en dos supuestas retiradas de dinero por parte de Jácome, mediante cheque: 20.000 euros retirados a su nombre el 29 de febrero de 2016 y otros 30.000 euros que el líder de la formación sacó por el mismo método el 14 de mayo de 2018.
Además de en cuál fue el destino de esos 50.000 euros, la causa también investiga cuatro pagos a Unión de Televisiones Gallegas S.A. a la que Jácome compraba la licencia del espacio de emisión de su propia televisión, Auria TV. En la querella, la Fiscalía dice que se tratan de tres pagos realizados en 2015, por cantidades de 4.669, 9.388 y 4.669 euros, más otros 30.987 de 2016.
El alcalde siempre ha mantenido que el gasto del dinero de DO en su televisión es legal y que seguirá haciéndolo. Cuando trascendió la querella, Jácome escribió en sus redes: “Preocupación cero ante denuncias hacia mí sin base que, como las anteriores, quedan en nada. Confianza en que la justicia ponga otra vez las cosas en su sitio. Y como dije en septiembre de 2020: deixa moer”.
Cuando hace días se conoció su citación para que declare el 28 de diciembre en calidad de investigado, el regidor aseguraba que ni él ni su abogado habían recibido el auto de citación. “Me resulta intolerable enterarme por la prensa antes de ser notificado”, criticaba. Minutos más tarde, escribió en sus redes sociales, con su retranca habitual: “¿Me citan al juzgado el 28 de diciembre? Espero que mi declaración no la tomen como una inocentada”.
