Semana agridulce para la sociedad ourensana que ve como un proyecto de una residencia de personas mayores camina con paso firme y otro, sin embargo, encalla entre los grupos municipales.
La junta de gobierno del Concello de Ourense dio luz verde a la ejecución de un centro de mayores, que se ubicará en el barrio de A Ponte. En concreto, la edil de Urbanismo, Sonia Ogando (PP), señaló que “hemos aprobado una licencia urbanística de obra para proyecto básico y de ejecución de una residencia de mayores situada en las calles Vicente Risco y Ramón y Cajal, en el barrio de A Ponte. Esta es una gran noticia para el sector asistencial de personas mayores”. El presupuesto de ejecución será de 3.148.820, 14 euros y tendrá una capacidad para 116 personas mayores. Según pudo saber FARO, será gestionado por Domus Vi.
La edil de Urbanismo defendió que “continuamos trabajando para agilizar licencias en proyectos de envergadura para la ciudad, facilitando que la inversión privada se consolide en Ourense, creando empleo y oportunidades. Todo lo que está en nuestra mano y podemos sacar adelante, lo hacemos”. Un proyecto que dará cobertura a necesidades básicas de una de las ciudades de España más envejecidas y que contrasta con la parálisis a la que está sometido el proyecto del geriátrico de la Fundación Amancio Ortega en la parcela de O Pino. A este respeto, desde el gobierno municipal señalan que “es lamentable que proyectos que cuadriplicarían la inversión del centro de A Ponte, como es el de la Fundación Amancio Ortega en O Pino, sufra el bloqueo contumaz y mezquino de PSOE, BNG y los tránsfugas de DO, salvo Miguel Caride, que impiden con su política destructiva que Ourense cuente con una residencia de mayores de 12 millones de euros, con 120 plazas y la creación de más de 100 empleos directos. Es un ejemplo claro del tipo de política que ejercemos unos y ejercen otros dentro del Concello de Ourense”.
Desde la oposición, critican estas palabras ya que piden más claridad a la hora de acordar el cambio de uso de la parcela de O Pino para tener seguridad jurídica y también que se vean las demandas de los vecinos. PSOE, BNG y las no adscritas María Dibuja y Maite Rodríguez se abstuvieron en la votación por dichos motivos y el proyecto no salió adelante. Y de momento, así sigue paralizado.
